08 Marzo de 2021 09:10
El Día Internacional de la Mujer se convirtió, hace ya un tiempo, en una fecha especialmente importante en todo el mundo para hablar de cuestiones vinculadas a la desigualdad, la violencia, la ausencia de perspectiva de género y la falta de oportunidades.
Aunque antes se solía saludar a las mujeres todos los 8 de marzo, hoy para muchos este día es sinónimo de lucha, y una oportunidad especialmente importante para visibilizar una cuestión que afecta y mucho a la sociedad: los femicidios.
Según las cifras que manejan desde Mumalá, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, en los poco meses que van de este 2021, ocurrieron 78 muertes violentas de mujeres, travestis-trans y lesbianas.
De esos números aportados por el Observatorio Nacional de Mumalá, se desprende que 54 de los asesinatos fueron femicidios, femicidios vinculados (personas asesinadas por el agresor para dañar a la mujer) y trans- travesticidios, y el resto muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales. Esto significa que hoy en nuestro país hay 1 femicidio cada 29 horas, una afirmación que asusta y duele.
Además, según lo comunicado, existieron también 71 intentos de femicidios, mientras que otros 10 crímenes de mujeres aún se encuentran en etapa de investigación, esperando los resultados de la autopsia y los peritajes correspondientes.
En medio de este contexto tan complejo, Silvia Ferreyra, actual Coordinadora de Mumalá, explicó a BigBang que esta fecha es especialmente importante para marcar la falta de perspectiva de género que existe en la Argentina dentro de la Justicia, de las fiscalías y de la Policía, así como también para hablar de la necesidad de un Estado mucho más activo, que destine mayor cantidad de recursos económicos.
Consultada por este sitio, Ferreyra comentó que si bien en los últimos años la cantidad de femicidios se ha mantenido más o menos estable, entre 250 y 300 al año (número muy elevado), lo que sí se ha empezado a ver durante el 2021 es una mayor visibilización de la violencia machista y una mayor búsqueda de asistencia por parte de quienes atraviesan estas situaciones.Sin embargo, a pesar de las intenciones de buscar ayuda, la cruda realidad indica que 3 de cada 10 víctimas denunciaron a su agresor antes de ser asesinadas, lo que demuestra un Estado ausente que no controla ni cuida a las mujeres.
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"Este número siempre estuvo en el orden del 20% o 19% en los años anteriores, y este año hay una mayor cantidad de personas que atraviesan esas situaciones que denuncian. Tiene que ver con una mayor difusión de los canales para buscar asistencia, como la línea 144 (brinda atención y asesoramiento por cuestiones de violencia). Esto se vio mucho durante la pandemia, donde se insistió en que se denuncie, que se busque asistencia, pero sin embargo nos parece que sigue estando en falta el Estado para dar respuestas, no solamente en la Justicia y en las fuerzas de seguridad, que lógicamente son las que primero deben actuar ante la urgencia. También es importante destacar que hay un entorno que tiene que funcionar para que esa denuncia que se realiza ante la Policía, pueda tener un colchón de asistencia", indicó.En este sentido, la Coordinadora de Mumalá mencionó que no solo es importante ir a hacer una denuncia y volver con un papel que de cuenta de la exposición, sino que en realidad existen un montón de otros elementos que deberían estar vigentes para poder garantizar una protección efectiva de las víctimas, y para que en definitiva se cambie la situación de vida que están atravesando.
"Difícilmente se pueda transformar la situación de vida únicamente con ir y exponer la denuncia en una comisaría o fiscalía, y por eso es que nosotras estamos trabajando desde hace tiempo ya, y en este 2021 justamente, en exigirle al Gobierno que declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género, primero para poder hacer una tarea preventiva, y no llegar a situaciones de emergencia como las que se solicitan cuando uno llama al 911 o va a la Policía; y además para que fundamentalmente puedan brindar un conjunto de políticas que sean sostén para poder atravesar esta situación compleja", aclaró.
Según Ferreyra, lo que debería existir es un equipo interdisciplinario que acompañe todo el proceso que se inicia a partir de la denuncia, como así también un patrocinio jurídico gratuito para que las víctimas puedan estar acompañadas por profesionales en cada una de las medidas que se inicien.
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"Esto ya está contemplado en una ley en nuestro país y sin embargo todavía no se aplica. También es importante que se garantice una asistencia económica a las personas que atraviesan esta violencia, porque si continúan viviendo con el agresor, es muy probable que esa situación de violencia se recrudezca a partir de la denuncia", advirtió.Por eso, desde Mumalá también consideran que es importante asistir a la persona desde el punto de vista psicológico, y ayudar a la par a todas aquellas organizaciones de derechos humanos que hoy cumplen un rol fundamental para ayudar a todas las víctimas sin importar horarios ni días.
"El gobierno tiene que disponer la Emergencia Nacional en Violencia de Género porque se tienen que asignar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar una cantidad mayor de dispositivos electrónicos que puedan contribuir a las medidas de protección que dicta la Justicia, como tobilleras o muñequeras, que sabemos que no son la solución, pero que sin duda podrían contribuir a un mayor monitoreo de los agresores y de la violación a las medidas de protección. Hoy por hoy estas medidas no se respetan porque no hay nadie que controle, no hay un monitoreo y necesitamos recursos materiales para poder alquilarlos, porque esos dispositivos se alquilan a través del Ministerio de Justicia de la Nación, y después se los otorga a las jurisdicciones", sostuvo.Además de los recursos materiales, Ferreyra considera que deben haber más recursos humanos, lo que tendría que traducirse en personas que se encarguen de monitorear el cumplimiento de las restricciones otorgadas por la Justicia contra los violentos.
Por otro lado, la Coordinadora de Mumalá admitió que existe una gran falta de perspectiva de género dentro de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Policía, insitutciones que tienen culturas machistas muy arraigadas, pero a las cuales tampoco se les exige un cumplimiento de la Ley Micaela (busca la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado), por lo que considera que aquellos funcionarios y agentes de la fuerza de seguridad que no cumplan con lo que ya está establecido, deberían entonces recibir sanciones a la altura de las circunstancias, aunque hoy nadie controla si esto se cumple o no.
De igual manera, recordó que este lunes 8 de marzo saldrán a las calles no solo para pedir la Emergencia Ni Una Menos, sino también para reclamar la emergencia LGBTQ+ porque este colectivo, sobre todo las travensitis y trans, son los principales blancos de ataques de odio que ocurren en la vía pública en nuestro país, a diferencia de los femicidios que en su mayoría se dan en el hogar.
"Esto habla de la terrible impunidad que existe en nuestra sociedad para poder vulnerar la identidad y el derecho a poder vivir la vida digna del colectivo diverse. Nos parece que este 8 de marzo hay que hacer visible la importancia de avanzar en derechos, y de hecho ahora se reclama por la Ley del Cupo Trans, una ley que debería ser aprobada en los próximos días y que ratifica el decreto dictado por el propio Poder Ejecutivo el año pasado, que consolida ese derecho. Necesitamos también que la Ley de Identidad de Género (permite, entre otras cosas, que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida) sea una realidad y que las instituciones educativas avancen con la Ley de Educación Sexual Integral, una herramienta para poder garantizar la igualdad y la inclusión de todes en nuestra sociedad", cerró.
