03 Abril de 2017 10:50
Pasaron quince años y la causa de Marita Verón da un paso hacia adelante: la Justicia ordenó que los diez condenados por su secuestro y desaparición deben cumplir sus sentencias “de forma inmediata”, después de que los tribunales tucumanos rechazaran los pedidos de revisión de la defensa. No es algo menor, luego de tantos años de lucha.
El caso de Marita dio visibilidad a la trata de personas y a la red de corrupción estatal. Su madre, Susana Trimarco reclama sin cansancio por justicia y nada la detiene. "No voy a parar hasta encontrarla", aseguró.
La historia de Marita
María de los Ángeles Verón, más conocida como "Marita", tenía 23 años. Vivía junto a su pareja, David Catalán y su hija de 3 años, Sol Micaela, en Las Talitas, un barrio al norte de la ciudad de Tucumán.
El 2 de abril de 2002 salió a realizar una consultar médica por recomendación de su vecina y enfermera de la clínica, Patricia Soria. El novio de Soria, Miguel Ardiles, la contactó con el médico Tomás Rojas. El especialista la examinó a Marita y la citó para el día siguiente. Le pidió que llevara el documento de identidad para, supuestamente, sellarlo.
El 3 de abril de 2002 salió de su casa y nunca regresó. Sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón, salieron a buscarla. Descubrieron que los consultorios estaban cerrados y que Ardiles no era jefe de personal de la Maternidad, como había asegurado. Sólo era un empleado de limpieza. Pese a que Susana quiso hacer la denuncia, la Policía no se la tomó. Pegaron afiches y recorrieron las calles sin respuesta hasta que, un día, en el Parque 9 de Julio, en la zona roja una joven que había sido violada y vendida aseguró que la había visto en La Rioja.
Desde ese momento, Trimarco y Verón confirmaron que su hija había sido capturada por una red de trata. Pero la Policía obstaculizaba la búsqueda y les decía que no tenían combustible para hacer rastrillajes o que no podían salir a ayudarlos. Tres semanas después de la desaparición, Trimarco comenzó a frecuentar whiskerías y prostíbulos en búsqueda de algún indicio.
Allanamientos por Marita
Un amigo del padre de Marita, el comisario Juan Tobar se unió a la investigación paralela. Y comenzaron los allanamientos y operativos en distintas propiedades en las que funcionaban antros, prostíbulos y otros sitios, en los que se lograron rescatar 120 chicas y reunir más pistas sobre Marita.
Susana, su nieta y la foto de su hija.
En junio de 2002 llegaron hasta El Desafío, un prostíbulo en La Rioja en donde rescataron a Anahí Manassero, una de las primeras voces que permitieron reconstruir el destino de Marita entre el 2002 y el 2003 y que confirmó la complicidad estatal. Según su testimonio, horas antes de ser rescatada, ella observó cómo a Marita y a otras chicas un policía las sacaba del prostíbulo para esconderlas en su casa, a pocos kilómetros.
Todas las whiskerías allanadas eran propiedad de Irma "Liliana" Medina, en La Rioja. Los que la conocieron la describieron como una mujer rubia con lentes de contacto azules, cicatrices de múltiples agresiones y con un hijo.
El juicio
El 11 de diciembre de 2012 se logró llevar a juicio 55 expedientes y 144 testigos en el caso de desaparición de Marita Verón. Los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán absolvieron a los trece imputados en la causa. Los indicios que marcaron la complicidad judicial habían llegado un poco antes. En febrero de 2012 comenzó el juicio.
Durante varios meses, diez mujeres rescatadas de redes de explotación sexual contaron sus historias frente a sus captores y violadores. Los mismos que las mantuvieron cautivas durante años. Pero los jueces lograron que sus palabras no valieran nada. Sus relatos fueron minimizados y hasta recibieron amenazas en medio de la audiencia.
Trimarco logró iniciar un juicio político contra los magistrados pero sólo cayó sobre Lascano, debido a que Molina y Piedrabuena presentaran sus renuncias para jubilarse. En el 2013, la Corte Suprema de Tucumán revocó el fallo absolutorio y en 2014 se dispusieron penas de entre 10 y 22 años de cárcel para dies de los imputados. Pero, todos continuaron en libertad hasta el 4 de marzo pasado finalmente las sentencias quedaron firmes.
La lucha de Susana Trimarco para encontrar el paradero de su hija se convirtió en un caso emblemático que instaló la explotación sexual en la agenda política y mediática nacional.
La Fundación María de los Ángeles sigue rescatando y asistiendo a las víctimas de trata de personas. En abril de 2008, la lucha de Trimarco impultó la Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Luego del fallo absolutorio de 2013 se mejoró la norma, al eliminar la figura de consentimiento como situación que morigeraba la sentencia del tratante.
La lucha no se detiene.
