La violencia que estalló en la marcha de jubilados frente al Congreso sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial. Dos días después de los graves incidentes, el Gobierno Nacional, por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de "Sedición", "Atentado al Orden Constitucional" y la Vida Democrática", y "Asociación Ilícita Agravada".
La presentación fue radicada en la Justicia Federal y apunta a figuras políticas y grupos organizados que habrían promovido disturbios con fines desestabilizadores. Entre los señalados en la denuncia se encuentran el ex líder montonero Mario Firmenich y los intendentes peronistas Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). También se menciona a grupos organizados con presuntos vínculos con barras bravas de clubes de fútbol y militantes de agrupaciones políticas. Según la denuncia, existen indicios de que algunos manifestantes recibieron pagos de hasta $50.000 para generar disturbios y provocar la represión policial.
La denuncia no solo apunta a los organizadores de la protesta, sino también a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 detenidos sin, según el Ministerio de Seguridad, haber analizado pruebas ni antecedentes penales. Bullrich fue tajante en su postura y expresó en sus redes sociales: "Denunciamos a los violentos y a los que los protegen. A los grupos violentos, financiados y movilizados desde municipios, que intentaron desestabilizar el orden constitucional y atacaron a nuestras fuerzas de seguridad, los denunciamos por sedición, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y asociación ilícita agravada", escribió Bullrich.
A través de su cuenta personal de X, la ministra advirtió que "la Argentina no será más rehén de los mismos de siempre. Se les acabó la impunidad". La presentación judicial, firmada por Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, solicita el apartamiento de la jueza Andrade y anticipa que se evalúa una denuncia por "Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionario Público". Además, se pide que la causa pase a la Justicia Federal por la gravedad de los delitos imputados.
El texto presentado hace referencia a llamados recibidos en la línea 134, donde denunciantes identificaron a barras bravas de equipos como Tigre y Nueva Chicago participando de los disturbios. Según estas denuncias, estos grupos tendrían contacto directo con políticos presentes en la manifestación. La denuncia también menciona los hechos de violencia registrados, incluyendo el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras ser impactado por una posta de gas lacrimógeno, y el de la jubilada que cayó al suelo tras recibir un golpe de un agente de seguridad.
Sobre este último caso, el documento señala que la mujer "estaba golpeando reiteradamente a un policía con un objeto contundente" y que el oficial reaccionó en defensa propia. Tras ser trasladada a un hospital, la mujer fue dada de alta sin heridas de gravedad. La escalada de violencia y las acusaciones cruzadas causaron un clima de tensión política. Mientras el oficialismo denuncia una maniobra desestabilizadora, la oposición acusa al oficialismo de criminalizar la protesta social. El debate ahora se traslada a los tribunales, donde se definirá el futuro de esta denuncia que podría tener fuertes implicancias en el escenario político nacional.