El sindicato de policías bonaerenses está en la mira. La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Justicia Federal que investigue a esa organización que busca el reconocimiento a sus actividades sindicales porque se sospecha que extorsionó al gobierno provincial para lograr un aumento de sueldo. Se cree que parte de la amenaza fue liberar zonas para que haya saqueos y asaltos. Están imputados de “sedición e instigación al delito”.
Es un duro golpe al Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba), que este año se reunieron en una audiencia en la Corte Suprema para pedir la sindicalización de los policías bonaerenses, un reclamo que lleva más de 20 años y que llegó a la Corte en 2010.
Los policías reclaman aumentos de sueldo y de las condiciones laborales.
¿Un plan criminal?
Según la denuncia, los policías sindicalizados habrían diseñado en 2103 “una estrategia para presionar al gobierno de la provincia con el fin de obtener un aumento de los salarios de las fuerzas de seguridad”. El plan, según la causa, “consistiría en dejar de prestar ciertos servicios y abandonar la protección de determinadas zonas comerciales, propiciando de esta manera saqueos y actos de vandalismo durante diciembre de 2013”, según consigna la agencia DyN.
La policía quiere sindicalizarse, pero el gobierno provincial se opone. Foto: Reuters.
Para los miembros del sindicato, la denuncia “no tiene validez porque busca criminalizar una protesta absolutamente legítima”. El procurador general adjunto Eduardo Casal recordó que hacia fines de 2013 se registraron en distintas provincias protestas policiales y “de manera concomitante con esas manifestaciones, se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional".
La Corte, con la firma de Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, ordenó investigar a los policías.
La Corte pidió “investigar exhaustivamente la posibilidad de que esos últimos acontecimientos guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva del sistema de administración de justicia penal federal".