El clima de tensión social sumó un nuevo capítulo con una polémica medida del Gobierno. A pocas horas de la marcha de jubilados frente al Congreso, el oficialismo desplegó una estrategia comunicacional inquietante: utilizar el sistema de anuncios de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para advertir sobre la inminente represión. "La policía va a reprimir todo atentado contra la República", rezaba el mensaje que resonó en altavoces y pantallas de las principales terminales ferroviarias, en lo que se percibe como un intento de disuadir a los manifestantes y sembrar temor.
No es la primera vez que un Gobierno emplea este tipo de métodos, pero sí resulta especialmente llamativo en un contexto de creciente conflictividad social. La administración de Javier Milei ya había utilizado este canal en octubre de 2023 para criticar las medidas de fuerza gremiales. Sin embargo, esta vez el mensaje es más directo y deja en evidencia una postura oficial que equipara la protesta social con una amenaza al orden republicano.
Mientras tanto, el Congreso amaneció blindado. El Gobierno de la Ciudad desplegó 900 efectivos en un operativo conjunto con fuerzas federales, con un perímetro de 100 metros vallado y la remoción de 350 contenedores de basura, para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos. Una imagen que recuerda a los momentos más oscuros de la historia reciente del país, donde la protesta social se respondía con palos y gases lacrimógenos.
El motivo de la movilización es claro: la exigencia de un aumento en los haberes jubilatorios ante el brutal deterioro del poder adquisitivo. Actualmente, la jubilación mínima es de $280.000, una cifra evidentemente insuficiente para subsistir. A este reclamo se suman diversos sectores sindicales y políticos, que denuncian la falta de sensibilidad del Gobierno frente a una crisis económica que golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables.
Lejos de atender la demanda, la respuesta del oficialismo viene siendo criminalizar la protesta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, para coordinar un operativo que contará con la presencia de miles de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un despliegue desproporcionado para enfrentar a un grupo de jubilados que solo exige una vida digna. A su vez, la ministra ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes ayuden a la causa.
¿Qué hay que hacer? Aporte datos que permitan identificar a quienes promuevan la "violencia" en las inmediaciones del Congreso. "Marcha o violencia: no es lo mismo. Recompensa para quien denuncie a los violentos. Llamá al 134", escribió Bullrich junto a un anuncio que decía: "Se ofrece una recompensa de $10.000.000 a quienes brinden información que ayude a identificar a los violentos que, con palos, armas y piedras, atacaron a las Fuerzas de Seguridad y generaron destrozos cerca del Congreso Nacional el 12/03/2025".
Al mismo tiempo, destacó que "la recompensa también aplicará a cualquier episodio de violencia que ocurra en la marcha del 19 de marzo o en las siguientes". La represión ya se cobró víctimas. En la última movilización, el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido y se encuentra internado en estado crítico. Además, hubo cientos de detenidos, en un claro intento de intimidar y desarticular la protesta.
Pese a ello, la determinación de los jubilados se mantiene firme. "Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia", señaló Rodolfo Aguiar, titular del sindicato ATE y uno de los organizadores de la marcha. Tras los hechos de la semana pasada, el Gobierno profundizó su estrategia de criminalización y presentó denuncias penales contra los organizadores de la protesta por los delitos de "sedición", "atentado al orden constitucional" y "asociación ilícita agravada".
Como si fuera poco, también recusó a la jueza Karina Andrade por haber liberado a los detenidos en pocas horas. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegó a calificar de "golpe de Estado" la última movilización de los jubilados, un discurso que busca justificar la represión con la excusa de defender el orden democrático. En la misma línea, el Gobierno de la Ciudad informó que afectará a otros 900 efectivos para reforzar la seguridad y que el tránsito en las inmediaciones del Congreso estará completamente restringido.
Lo cierto es que el mensaje es claro: quien proteste será reprimido. El uso de las estaciones de tren para difundir advertencias represivas marca un precedente preocupante, donde el aparato estatal se convierte en una herramienta de intimidación. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para sofocar el descontento social y si la ciudadanía permitirá que este avance autoritario se consolide sin resistencia.