Una investigación publicada por una ONG de los Estados Unidos puso la lupa sobre las condiciones y contratos que exigió la empresa farmacéutica Pfizer a diferentes países para la venta de su vacuna contra el Covid-19. En el documento, publicado por Public Citizen (Ciudadano Público en su traducción al español), se describen ocho ejemplos de países en los que Pfizer utilizó su poder para mejorar su lucro. Concretamente se hace referencia a Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Reino Unido.
Los documentos que analizó esta organización fueron publicados ya sea por pedidos de información pública o filtraciones a la prensa. Uno de los más recientes sostiene que en los contratos Pfizer se negaba a las donaciones de dosis de vacunas por parte de los países más desarrollados o pudientes a los menos. Incluso hace referencia a las críticas hacia el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, justamente por esa política hacía Sudamérica principalmente.
Asimismo, en otro de los peajes del informe (que se encuentra disponible para ser descargado) se enumera una particular condición que Pfizer le exigió a Gran Bretaña: la creación de un tribunal especial para el resguardo del contrato. La revelación, publicada hace semanas por la cadena de noticias italiana RAI, cuenta que la empresa sostuvo que toda disputa por el contrato de vacunas tenía que ser arreglada en un tribunal especial, secreto, del que no forme parte ningún magistrado del Reino Unido.
Cabe recordar que Public Citizen recopiló los datos y contratos que ya estaban disponibles hace tiempo para compararlos entre sí. La primera divulgación de los mismos provino por parte de un consorcio internacional de periodistas de investigación que el año pasado contó algunas de las demandas de la empresa para con la Unión Europea, desde allí las filtraciones en otros países fueron sucediendo. Algunas de ellas con errores involuntarios por parte de los Gobierno como sucedió en Brasil cuando la administración de Jair Bolsonaro publicó el contrato por error en la página del Ministerio de Salud.
Justamente en el país vecino, en ese contrato se establecía que Brasil tenía prohibido donar, distribuir, exportar o transportar la vacuna contra el Covid-19 fuera del territorio nacional sin el permiso de Pfizer. Juntos con esas condiciones, también se estableció en Chile, República Dominicana, Perú, Colombia y el mencionado país vecino que Pfizer podía ir tras los activos estatales o recibir inmunidad ante los posibles juicios por la vacuna. Es que hay que recordar que su producción fue de emergencia, recién hace mes y medio la FDA aprobó la vacuna de forma permanente para su uso, y la empresa utilizó esa forma para evitar ser responsable penal y civil de futuras demandas.
En otro de los pasajes de los documentos, Pfizer expresa su negativa a que las patentes de las vacunas sean liberadas lo que permitiría la posibilidad de que otros países desarrollen de forma local este tipo de vacunas. Si bien Biden se mostró públicamente a favor, la iniciativa terminó en la nada luego del lobby no sólo de la mencionada farmacéutica sino también del resto de las que desarrollaron vacunas de este tipo.
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Las condiciones de Pfizer, reveladas en los diferentes informes que recopiló el documento de Public Citizen, establecen también que la farmacéutica tiene la potestad de modificar entregas y cronogramas sin que sea sancionada por incumplimiento de contrato. Es que Pfizer, como también el resto de las empresa que fabricaron vacunas contra el Covid-19, se caracterizó por las reiteradas demoras en varios países salvo en el caso de Estados Unidos, por la presión de Biden y primero del expresidente Donald Trump, e Israel (que pagó más caras las dosis para asegurarse el suministro de forma privilegiada).