Cada vez que se dan a conocer nuevos datos sobre la violencia de género en la que vive inmersa la Argentina, y que afectan la libertad de las mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binaries, más consenso hay para exigir un fortalecimiento de las políticas de prevención.
En este caso, quien aportó información fue el observatorio de las violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven”. Publicaron las cifras de femicidios en el país entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2022 y se encendieron las alarmas.
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Cifras de terror
La violencia machista no frena ni se toma vacaciones. Según los datos recabados por el observatorio mencionado, en lo que va del año se registraron un total de 119 femicidios, que traducido en horas da un total de 1 cada 29 horas. Además, se registraron 4 transfemicidios/travesticidios y 86 intentos de femicidios.- El 61% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas.- El 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.- 6 de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad.- 19 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 10 tenían medidas de protección.- Al menos 112 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista.
Número que hablan
Analizando los datos, si tenemos en cuenta que el 2021 se registró 1 femicidio cada 34 horas (cifra que comparada con los últimos 6 años no ha sufrido cambios significativos), podemos inferir que la violencia machista sigue siendo un problema todavía sin soluciones efectivas.
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Asimismo, sabiendo que 6 de cada 10 femicidios ocurren en la propia vivienda, el hogar no es un lugar seguro para las víctimas. Según explican desde “Ahora Que Sí Nos Ven”, “este es un factor clave a tener en cuenta para la prevención de la violencia de género: si los femicidios ocurren en casa, es importante implementar medidas y herramientas que contribuyan a detectar situaciones de riesgo y verdaderas oportunidades para que las mujeres que conviven con el agresor cuenten con las posibilidades materiales para poder apartar al agresor de la vivienda, o en su caso contar con políticas de acceso a la vivienda con perspectiva de género para que las mujeres en situación de violencia puedan tener una autonomía económica que les permita dejar el hogar en el que su vida corre peligro”.
Y agregan: “Es el Estado quien debe garantizar nuestra seguridad frente a esta desigualdad y violencia estructural, construyendo dispositivos que protejan nuestras vidas y también que otorguen contención y atención integral a las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, lo que es fundamental para que no se sientan solas”.
Con respecto a los femicidas, se observó que el 80% de los agresores pertenece al círculo íntimo de la víctima. De hecho, en el 61% de los casos se reconoció que el asesino era la pareja o ex pareja de la víctima. “Esto deja en evidencia la necesidad de transformar los vínculos sexo-afectivos que históricamente se basaron en la asimetría de poder”, agregan desde el observatorio.
Cuando la Justicia no resuelve
Si hablamos de medidas ineficientes, es insoslayable mencionar que en lo que va de 2022, el 16% de las víctimas de femicidio realizó al menos una denuncia. Sin embargo, solo en la mitad de estos casos la víctima contaba con alguna medida de protección. Ergo, las mujeres fueron asesinadas a pesar de la advertencia a la justicia.
Movilización frente al ministerio
A propósito de las cifras expuestas, este martes 31 de mayo, desde las 10 de la mañana, la sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (Balcarce 186), fue el punto de encuentro de distintas organizaciones sociales para exigirle a Elizabeth Gómez Alcorta el fortalecimiento de las políticas de prevención de la violencia de género en los barrios.La consigna de la marcha bregó para que se preste más atención a la prevención de la violencia en las barriadas populares y zonas rurales y por la ejecución presupuestaria de la cartera del Ministerio.
“Nuestra principal preocupación en este tiempo siempre fue asegurar que las políticas propuestas tengan una perspectiva popular, garantizar su alcance territorial, priorizando las zonas más pobres y la articulación con las organizaciones sociales”, expresaron las organizaciones en una carta a la Ministra.
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Y agregaron: “Lo que exigimos es un piso mínimo que esté destinado a esta política, con un criterio federal y popular. El presupuesto actual del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es de 17.600 millones de pesos. Con solo el 7% podríamos hacer un montón. Si bien no llega a cubrir ni el 10% de la población a atender, permitiría financiar, solo en un año, refugios, consejerías, cuidados y promotoras”.