Según un informe enviado por el fiscal federal Federico Delgado a la procuradora Alejandra Gils Carbó, casi un cuarto de las causas iniciadas durante los 15 días en los que estuvo de turno fueron por amenazas de bomba a escuelas.
La venta de chips pre-pagos facilita la impunidad de las amenazas telefónicas.
Además, advirtió que la impunidad en estos casos se facilita por la ausencia de control de las líneas telefónicas y la facilidad de acceso a los chips pre-pagos para celular, que dificultan el rastreo de llamadas.
En total, las causas recibidas por Delgado fueron 130. La mayoría de las amenazas a escuelas fueron realizadas mediante llamados anónimos al abonado 911 de la Policía Federal Argentina o efectuados directamente a los establecimientos.
Según explicó el fiscal, las llamadas se realizan "generalmente desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear, ya sea por ausentes, falsas o mal informadas titularidades; porque se hicieron a través de teléfonos públicos o desde los números pertenecientes a las compañías telefónicas para cursar llamadas de emergencia".
Así, Delgado aseguró que "quienes llaman y denuncian falsamente saben que no van a ser descubiertos, fundamentalmente por la falta de control sobre las líneas telefónicas" y por la facilidad de acceder a los chips pre-pagos que se venden en comercios "sin cotejarse la verdadera identidad del usuario".