La semana pasada, luego de un pedido de información pública, se detectó que unas cinco mil toneladas de alimentos están alojados desde el mes de diciembre de 2023 en distintos depósitos. Al respecto, Manuel Adorni confirmó en su tradicional conferencia de prensa desde Casa Rosada que ese acopio de alimentos "efectivamente existe" y aclaró: "Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir".
Es en este contexto que el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución. Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión y la existencia de toneladas de alimentos sin distribuir.
Frente a esto, el juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas". De esta manera, Casanello dispuso "librar una orden de presentación (el aporte voluntario de documentación e información)".
Con esto, el magistrado le exige a la cartera de Pettovello "el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán". Dicho informe "deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería". Además, el juez pidió "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".
La orden tendrá efecto inmediato: "Deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad". Al mismo tiempo el juez dispuso que "una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado".
"Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo concerniente a "la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores") elabore un plan de distribución de dichos alimentos", subrayó el fallo.
Ello -aclaró- "en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato". "Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas", sentenció el juez. El último fin de semana, el Gobierno aseguró que los alimentos que posee en stock "están en perfecto estado". "La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir", sostuvo el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre.
El funcionario nacional remarcó que el Gobierno de La Libertad Avanza "cambió la política alimentaria y ya no se hace más en forma discrecional, sin trazabilidad: sólo el 8% de los comedores rendía la ayuda alimentaria". "El robar se ha naturalizado, no les parece grave", se quejó De la Torre, quien insistió en que los alimentos que posee guardados el Gobierno son "un stock de reserva". Y agregó: "El 90% de nuestra ayuda va en forma directa al bolsillo, con la Tarjeta Alimentar y la AUH. Arriba del 80% de la Canasta Básica Alimentaria se cubre con la Tarjeta Alimentar y la AUH gracias a los aumentos, cuando con el Gobierno anterior se cubría el 50%".