Lejos está Argentina de la masiva deportación de inmigrantes que Donald Trump planea para Estados Unidos. En una década, nuestro país expulsó un promedio de siete extranjeros por año, siempre de la mano de irregularidades o problemas con la Justicia.
Los extranjeros condenados por tráfico de drogas pueden ser expulsados del país.
Los causales de expulsión, de hecho, están detallados en el artículo 29 de la Ley 25.871 que reglamenta la política migratoria nacional.
Así, por ejemplo, son pasibles de deportación los extranjeros que presenten documentación falsa o hayan ingresado al país eludiendo controles migratorios.
También pueden ser expulsados los extranjeros que incurran en promoción de la prostitución, los que presenten condenas por tráfico de armas, de personas, de drogas o por lavado de dinero; o los que participaron en actos de genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
La pertenencia a organizaciones terroristas también puede ser sancionada con expulsión, al igual que la facilitación de ingreso a inmigrantes ilegales.
El ingreso eludiendo controles migratorios también puede ser motivo de expulsión.
La expulsión no es equiparable a la extradición ya que, como le explica a BigBang el director nacional de Migraciones, Horacio García, "la naturaleza jurídica de los dos trámites es distinta".
"En el primer caso, desde Migraciones generamos la expulsión por un proceso administrativo con intervención judicial o por orden autónoma de la Justicia", explica. "La extradición se requiere por una situación ventilada en el país que la pide".
Destierro autoimpuesto
Uno de los casos de expulsión más célebres de la historia reciente argentina es el de Mario Vittete Sellanes, uno de los integrantes de la banda que desvalijó el Banco Río de Acassuso en el denominado "Robo del Siglo".
Nacido en Uruguay, Vittete solicitó él mismo la medida amparándose en la ley migratoria argentina que establece que los delincuentes extranjeros que hayan cumplido la mitad de su condena pueden acogerse a la expulsión con expresa prohibición de regresar a Argentina.
Otro caso similar es el de Alionzo Rutillo Ramos Mariños (alias “Ruti”) el narco peruano que lideraba la venta de drogas en la Villa 31.
Condenado a 18 años de prisión por una masacre en la que murieron cinco personas durante un ataque a balazos, fue expulsado a Perú después de cumplir la mitad de su pena. Actualmente, trabaja como zapatero aunque se rumorea que aún controla sus negocios narco a la distancia.