Mientras que para las pantallas de los canales amigos el presidente de la Nación, Javier Milei, cacareó contra los aumentos de las empresas de medicina prepaga e instó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a que realice un amparo para que retrotraigan y devuelvan a los usuarios lo que les correspondía, en los hechos la Justicia realiza maniobras para evitar que esto se concrete rápidamente. Así fue que la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira, se desligó del expediente y se lo envió a su colega Juan Rafael Stinco, para que lo unifique a otro proceso colectivo que impulsaron muchos ciudadanos comunes contra el DNU.
Si bien desde el Gobierno nacional deslizaron su inconformidad con lo decidido por la magistrada, en los hechos fueron quienes liberaron los precios de estas compañías y que no pusieron ningún tipo de tope a los incrementos en los valores de sus servicios. Inclusive hasta llegaron a vincularla al kirchnerismo, solamente para responsabilizar de lo sucedido al enemigo elegido por ellos para polarizar. Lo cierto es que ahora se retrasó por completo "la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha" que, supuestamente, pretendían desde La Libertad Avanza (LLA).
Para Maquieira "queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal", y es por eso que fue derivada a que se incorpore a la causa "Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo" que busca que se declare "la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023".
"Se puede concluir que entre la causa colectiva 'Wilson' y estas actuaciones existe una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, lo que determina que ambos expedientes deban tramitar de manera conjunta ante un mismo magistrado para evitar el escándalo jurídico que implicaría el dictado de sentencias que sean contradictorias entre sí. Llego a esa conclusión no sólo porque en ambos procesos se busca tutelar a 'la salud' como bien colectivo e indivisible, sino también porque, si bien el objeto de uno y otro expediente difieren en cuanto a su formulación, coinciden en cuanto a su finalidad", argumentó la magistrada.
Por otro lado, el balance que hacen en el mundo respecto al funcionamiento de la salud pública en la Argentina, es muy crítico. Esto surgió a partir del análisis del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación que realizó la revista británica semanal The BMJ (British Medical Journal). Además de cuestionar la falta de responsabilidad al dejar que el mercado se autoregule durante "el peor brote de dengue en la historia del país", apuntaron a otros aspectos claves de la gestión actual de Mario Russo.
Por este tipo de acciones, desde la prestigiosa publicación calificaron al Ministerio de Salud de "zombie". A su vez, fueron muy duros con el hecho de que cientos de pacientes oncológicos hayan visto interrumpirse sus tratamientos por falta de medicamentos que antes garantizaba el Estado. Las interpelaciones fueron tales que hasta llegaron a afirmar que el objetivo de Milei es "eliminar la atención médica universal" en el país.