En un nuevo y dramático revés para las arcas argentinas, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, aprobó el embargo de USD 210 millones pertenecientes al Estado argentino, sumiendo al país en una crisis aún más profunda en el frente de sus obligaciones internacionales. La orden judicial, ejecutada en la Reserva Federal de Nueva York, marca otro capítulo oscuro en la saga de la deuda impaga que Argentina arrastra desde el fatídico default de 2001.
La medida se produce tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en enero, que había dejado el camino despejado para que los acreedores holdouts finalmente tomaran posesión de activos argentinos. La ejecución de la orden beneficiará al fondo Attestor Master, mientras que otros USD 100 millonesfueron congelados hasta que otros dos grupos de acreedores, Bainbridge Fund y Attestor Master, resuelvan su disputa por esos montos.
Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en los litigios internacionales de Argentina, advirtió sobre la gravedad del embargo: "Este embargo ocurre a pocos días de la ejecución de la garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres", dijo en diálogo con Infobae. Según Maril, los holdouts que no participaron en los canjes de deuda organizados en 2005, 2010 y 2016 continúan su ofensiva en los tribunales, aprovechando cada fallo favorable para asegurarse pagos millonarios.
Los bonos embargados son parte del colateral de los Bonos Brady, emitidos en los años '90 como garantía para la reestructuración de la deuda argentina. En 2023, Argentina había logrado cumplir con sus pagos y liberar esos títulos, pero la justicia estadounidense determinó que podían ser utilizados para saldar las deudas con los acreedores impagos. Ahora, los fondos Attestor Master, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master lograron que una parte de esos valores caiga en sus manos.
El impacto de esta decisión es devastador para un país que ya enfrenta enormes dificultades económicas y financieras. El Gobierno de Javier Milei, que prometió romper con la "casta política" y sanear la economía, ahora se encuentra ante un escenario en el que sus opciones de financiamiento se reducen drásticamente. La presión de los mercados y de los inversores internacionales podría intensificarse, generando una nueva ola de incertidumbre sobre el futuro de la Argentina.
En el centro de esta disputa están los llamados "fondos buitre", grupos de inversión especializados en comprar deuda en default para litigar contra los países deudores hasta obtener pagos multimillonarios. Menos del 3% de los bonistas originales que rechazaron los canjes argentinos consiguieron torcer el brazo del Estado en tribunales internacionales, logrando compensaciones que en algunos casos superan con creces el valor nominal de los títulos adquiridos.
Mientras Argentina lucha por estabilizar su economía y evitar un nuevo colapso financiero, el fallo de la jueza Preska representa una dura advertencia: la sombra del default sigue acechando y los acreedores no están dispuestos a ceder ni un centavo en su cruzada por recuperar sus inversiones.