Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, fueron procesados este miércoles por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, en el marco de la causa en la que se investigan actividades de vigilancia ilegal realizadas sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018.

El juez también trabó embargos sobre los bienes de ambos por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país.

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El ex jefe de contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, también fue procesado y se le prohibió abandonar el país. El embargo ¿que se le fijó es de 700 mil pesos.

De qué se los acusa

De acuerdo a Augé, al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018 Arribas y Majdalani "impartieron órdenes" al ex jefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz (también procesado) para que coordinara "un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal". 

Así, estos agentes habrían llevado a cabo vigilancias y observaciones para obtener información, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su militancia partidaria, social, sindical o cultural.

A Coste, quien asumió como director de contrainteligencia en junio de 2018, se lo señala por no actuar "conforme a sus deberes" y no ordenar el cese de aquellas "prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando".

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Augé detalló que luego de que las maniobras fueran descubiertas, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, entre otros funcionarios, "intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales".

Los procesamientos fueron ordenados por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes en su dictamen explicaron que la supuesta finalidad del esquema de espionaje era determinar "la supuesta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner o al Instituto Patria".

La investigación sobre estas actividades de inteligencia ilegal comenzó a raíz de una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Entre otras cosas, la funcionaria relató que bajo la gestión de Cambiemos, el organismo adquirió el software Earthwatch, basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite, el cual pudo haber sido utilizado para fines ilegales.