A dos meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia ha llevado adelante otra acción en torno a la investigación. Por ese motivo, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Gabriel Carrizo, líder de la banda terrorista denominada “de los copitos” y compañero de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Además en el mismo fallo, revocaron el procesamiento sobre Agustina Díaz, amiga de Uliarte, dictaron la falta de mérito y ordenaron su liberación inmediata.
La medida fue llevada adelante por los jueces de la sala primera del Tribunal de Apelaciones. Además le ordenaron a la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva adelante la causa del intento de homicidio contra la vicepresidenta, que investigue con profundidad “otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de las agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández". En resumen, pusieron el foco en la custodia de la vicepresidenta.
Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que no hay elementos que permitan procesar a Díaz como partícipe secundaria de la tentativa de homicidio y tampoco se la puede acusar como encubridora. Hasta el momento el fiscal Carlos Rívolo y la jueza contaban con chats entre Díaz y Uliarte en el que hablaban del atentado y de cómo llevarlo a cabo.
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En cuanto a Carrizo, sindicado como líder de la falsa banda de vendedores de algodón de azúcar y supuesto jefe de Sabag Montiel y Uliarte, autores materiales del intento de homicidio, la Justicia cree que fue cómplice. Por eso, la Justicia confirmó parcialmente el procesamiento con prisión preventiva. ¿El motivo? Cambiaron la calificación.
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En el fallo explicaron que “la calificación legal atribuida, por haber sido hallado, prima facie, partícipe secundario del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de armas de fuego, en grado de tentativa". Además fue procesado por el delito de “falsificación de documentos públicos, por el cual deberá responder en calidad de autor" por la supuesta producción de certificados de discapacidad.