El verano más caro
30 Diciembre de 2024 12:39
Con el reciente anuncio del Gobierno de Javier Milei, el precio de la nafta y el gasoil volverá a subir en enero de 2025, impulsado por un aumento del 1,75% en los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono. Si bien esta medida se presenta como parte de un "sinceramiento" en el sector energético, la decisión no deja de levantar críticas, ya que llega en un contexto económico donde los salarios aún luchan por recuperar terreno frente a la inflación acumulada.
El Decreto 1134/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece este ajuste tributario con el argumento de evitar mayores presiones inflacionarias en el corto plazo. Sin embargo, resulta evidente que el impacto recaerá directamente sobre el ya golpeado bolsillo los consumidores, quienes, además de pagar más en los surtidores, deberán enfrentar incrementos en otros sectores que dependen del transporte, como el alimentario y logístico.
Aunque el Gobierno destaca que las petroleras moderaron los aumentos y que el incremento es el "menor de los últimos 12 meses", el ajuste viene acompañado de subas en las tarifas de luz y gas natural. En enero, la electricidad aumentará un 1,6% y el gas un 1,8%, cifras que parecen pequeñas pero que marcan el inicio de un esquema de revisiones tarifarias y recortes de subsidios previstos para marzo. El impacto en el bolsillo será inmediato y palpable. En la Ciudad de Buenos Aires, el precio del litro de nafta premium, que actualmente ronda los $1.370, se elevará a $1.394, mientras que la nafta súper pasará de $1.108 a $1.127 por litro.
En provincias como Misiones, donde el litro de súper ya cuesta $1.204, los costos se disparan aún más, convirtiendo el abastecimiento de combustible en un lujo para muchos. Además, esta suba repercutirá en sectores clave como el transporte público, los alimentos y otros productos esenciales. Todo aumento en los combustibles genera un efecto dominó que suele superar con creces el porcentaje anunciado en los surtidores y que, irremediablemente, solo castiga los bolsillos de los trabajadores.
Resulta contradictorio que un gobierno que busca desacelerar la inflación apueste por medidas que, inevitablemente, alimentan los costos de producción y distribución. Si bien las autoridades aseguran que estas subas son necesarias para sincerar los precios y eliminar distorsiones, los efectos inmediatos son difíciles de ignorar: más presión sobre una economía donde el poder adquisitivo ya está debilitado. De hecho, cayó este año a niveles récords que no se veían desde el 2001.
El salario mínimo perdió 1,3% en octubre y entre noviembre 2023 y octubre acumula una pérdida de 28%, según un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se trata de la caída de ingresos más fuerte desde la crisis del 2001. Por otro lado, el sector energético no es ajeno a la especulación. Las petroleras, tanto públicas como privadas, tienen margen para aplicar aumentos adicionales, lo que podría llevar los precios por encima de la inflación proyectada. Esto deja a los consumidores en una posición de vulnerabilidad, mientras los balances empresariales y las arcas fiscales buscan equilibrarse.
El ajuste en los combustibles es solo la punta del iceberg. Con los incrementos tarifarios de marzo en el horizonte, los argentinos deberán prepararse para una revisión que promete eliminar subsidios y trasladar más costos a los hogares. Aunque el gobierno asegura que estas medidas son necesarias para alcanzar una inflación inferior al 2% mensual, la realidad indica que los ciudadanos seguirán soportando el peso de un ajuste fiscal que prioriza el ahorro estatal sobre la estabilidad económica de las familias.
Con cada nuevo aumento, el discurso oficial sobre la contención inflacionaria parece desmoronarse. En lugar de alivio, las medidas generan preocupación en una sociedad que ve cómo su poder adquisitivo sigue erosionándose. Mientras tanto, el precio de la nafta y el gasoil será un recordatorio constante de las políticas económicas que, en nombre de la eficiencia, trasladan la carga del ajuste a quienes menos margen tienen para absorberla.
