El fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitó al juez Julián Ercolini que se ordene la inhibición de bienes al ex presidente del Banco Nación (BN) Javier González Fraga y al ex vicepresidente su segundo Lucas Llach, como así también a ex funcionarios del Banco y a empresarios de Vicentin relacionados con la causa penal por defraudación a raíz del otorgamiento de créditos por un valor total de $18.500 millones de pesos a la compañía.
A través de un escrito de 79 páginas, Pollicita reclamó medidas contra los 24 investigados, incluyendo las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, para quienes pidió que se dicte la "prohibición de innovar sobre su composición accionaria".
En su dictamen, Pollicita sostiene que los funcionarios del banco "otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera”, y que “algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria"."Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba. En simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo.", asegura el fiscal.
Pollicita remarca que los 18.500 millones de pesos que el BNA le prestó a Vicentín "serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo".
Y agrega: "Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre”, y que sin embargo el hecho no impidió que “durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco".
El fiscal solicitó 13 medidas de prueba y la recolección de documentación de interés. La semana pasada, a su vez, Pollicita había requerido otras medidas de prueba a efectos de investigar la "posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de Vicentin SA, con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina”.