Es probable que Lázaro Báez haya tenido un buen comienzo de semana. Porque si bien la noticia se conoce judicialmente desde el miércoles pasado, ayer trascendió que Javier López Biscayart -juez en lo Penal Tributario- decidió no avanzar con la investigación sobre algunas de sus empresas, así como tampoco sobre su compañía insignia, Austral Construcciones.
Se trata de una causa en la que se lo investigaba por sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial en el sur y por una suma cercana a los $ 254 millones que había ingresado en los balances de Austral, provenientes de una empresa alojada en una paraíso fiscal.
Tal como adelantó hoy Hugo Alconada Mon (@halconada) en el diario La Nación, el juez cerró la investigación contra Báez, contra Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, estrechos colaboradores del empresario patagónico. Ahora en otra instancia judicial se podrá investigar si efectivamente existieron maniobras de lavado.
Pero para el magistrado “no correspondía avanzar” contra la empresa de Lázaro porque determinó -en función de un informe de la AFIP- que los montos vinculados a impuestos no pagos no superaban lo que permite la ley y por lo tanto no sólo no había delito sino que, eventualmente, la pesquisa le corresponde a otro fuero.
López Biscayart -el juez que tuvo a cargo el caso Skanska- también entendió que la empresa del empresario no cometió ningún “delito tributario” al declarar el ingreso de $ 254 millones de J+J Holding NV, una sociedad que permanece inactiva desde 1989.