Caos de tránsito
11 Abril de 2025 08:31
Viernes por la mañana, Autopista Riccheri. Mientras algunos soñaban con un café antes de volar desde Ezeiza, otros chocaban con una postal cada vez más frecuente en la Argentina de Milei: trabajadores protestando, barreras levantadas y un embotellamiento que no se resolvía ni con GPS ni con promesas. Esta vez fueron los trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (SUTPA) quienes le pusieron el cuerpo al descontento. Desde las 6 de la mañana, a la altura del Mercado Central, liberaron el cobro de peajes y redujeron carriles. No por gusto -aunque muchos automovilistas agradecieron la tarifa cero por unos minutos- sino porque 500 compañeros quedaron colgados del barranco laboral tras la caída de la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA). "Estamos visibilizando una problemática", señalaron.
La empresa estatal Corredores Viales debía tomar el relevo. ¿Lo hizo con criterio? Según los gremialistas, ni siquiera con un PowerPoint. "Imprevisibilidad" y "falta de responsabilidad" fueron las palabras más suaves que eligió la secretaria general de SUTPA, Florencia Cañabate, para describir el manejo oficial. En otras palabras: el gobierno privatizador estatiza sin plan, improvisa sin vergüenza y despide sin indemnizar. "Hay cuatro vías menos pero tenés 14 por donde pueden transitar los vehículos. Estamos concentrando acá con trabajadores de la actividad y los peajes de todo el país están liberados", destacó en diálogo con Urbana Play
Y agregó: "No somos de cortar rutas ni mucho menos, pero entendemos que la mejor forma de visibilizar es en nuestro puesto de trabajo". Facundo Moyano, secretario adjunto del gremio -y eterno habitué de estas pujas viales- se acercó a la protesta con el manual del sindicalismo filoso bajo el brazo: "No fueron ni despedidos, no cobraron indemnización. El gobierno apela a Vialidad Nacional, que es una entidad totalmente manchada de corrupción".
Y no es que SUTPA esté pidiendo milagros. Reclamaron continuidad laboral, paritarias decentes (las actuales están 20% por debajo del resto del sector), condiciones básicas de seguridad, y que no repitan la misma "maniobra fantasmal" con el resto de los 3.500 trabajadores que dependen de Corredores Viales. Porque si hoy fueron 500, mañana puede ser un ejército de desempleados con chalecos reflectantes y mucho tiempo libre.
En un comunicado titulado "Crónica de una crisis vial anunciada", el gremio dejó en claro que lo que falta no es austeridad sino gestión. Porque mientras Javier Milei promete que el Estado no será más una "agencia de colocación", termina transformándolo en un despido colectivo sin plan de contingencia. "El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla (la empresa Corredores Viales) pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30 % de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial", reza el texto que lleva las firmas de Cañabate y Moyano.
La frutilla del postre: el gobierno, que llegó gritando "¡privatización o muerte!", decidió estatizar la concesión... pero sin licitación ni lógica. "Por supuesto, el Estado concesionante deberá hacerse cargo de los derechos indemnizatorios, generándole a todos los argentinos un costo innecesario". Lo más curioso (o siniestro, según cómo se lo mire) es que mientras se exige al ciudadano de a pie que "haga el esfuerzo", los costos del descalabro, como siempre, terminan socializándose. "Todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur", advirtieron desde SUTPA.
La postal en la Riccheri fue clara: trabajadores con angustia, barreras arriba y el horizonte lleno de incertidumbre. Si algo simboliza esta protesta no es solo la bronca de un gremio, sino el peaje existencial que paga un país entero cada vez que el ajuste cae sobre los que menos tienen. "Pero la degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar, como dijimos, con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios , sentenciaron.
