Desde hace años, Gabriel Omar Batistuta, el recordado ex futbolista de la Selección Argentina, lucha por no pagar impuestos en Argentina. A las enormes deudas que mantiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ex futbolista multimillonario y actual empresario agropecuario también pelea por no abonar el impuesto a las grandes fortunas, que el Congreso de la Nación sancionó en medio de la pandemia para hacer frente a los grandes problemas sanitarios, sociales y económicos que se generaron por el coronavirus.
Para ello, el ex delantero de la Fiorentina y la Roma le pidió a su equipo de abogados que recurran a la Justicia para no pagar ni un peso al Estado. Pero las cosas no le salieron tal como él pensaba. El juez federal de Reconquista, Aldo Iturralde, le denegó la cautelar. Es el mismo juez que, en marzo, dio la orden de que se vacíen todas las cuentas del ex goleador de la Selección Argentina para cobrarse los 3.853.341,66 pesos que le debía a la AFIP por no pagar los Bienes Personales de 2020 y de 2021.
Es que Batistuta es dueño de 126 mil hectáreas en Santa Fe. La mayoría las utiliza para la siembra de soja. Lo llamativo es que salió a la luz que el Bati abonaba lo mismo que si fuese dueño de solo 400 hectáreas. Cuando eso salió a la luz, las pocas cuentas que tiene en el país terminaron vacías.
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Pero ahora, el otro revés que sufrió el Bati es más duro. El juez federal le denegó la cautelar para no pagar el aporte solidario. Según el ex jugador, el impuesto “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”. Y completó en su escrito: “La ley resulta violatoria de la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”. La fórmula fue la misma que usaron otros megamillonarios argentinos.
Lo cierto es que nada de eso le funcionó en una primera instancia. Además, el pedido que los abogados de Batistuta le había hecho a la Justicia tenía como fin que la AFIP no pudiera “iniciar ninguna inspección ni procedimiento administrativo para cobrar el aporte e impedirle que pudiera iniciar algún tipo de reclamo o embargo sobre los bienes”.
En ese sentido, el magistrado respondió: “Por principios generales el ejercicio regular de un derecho propio -dictar la norma- o el cumplimiento de un deber legal -iniciar proceso administrativo de fiscalización tributaria por parte de la AFIP- no pueden constituir como ilícito ningún acto. Se deberá poner especial atención al momento de dictar pronunciamientos sobre la procedencia de medidas cautelares contra actos del poder público, por cuanto pueden lesionar la eficacia de la actividad del Estado Nacional que se asienta sobre la regla de legitimidad de las decisiones legislativas y/o administrativas, por lo cual resultan absolutamente excepcionales las medidas judiciales tendientes a paralizar o enervar aunque sea momentáneamente la labor estatal”.
Y siguió: “En cuanto a su caso, no está acreditado que el pago del Impuesto a las Grandes Fortunas afecte la capacidad económica o financiera del contribuyente a tal punto que ponga en peligro su situación patrimonial ni sus derechos fundamentales. Tampoco queda en evidencia que afecte severamente la supervivencia de su organización económica gravada”.
En tanto, sobre el patrimonio total del ex jugador, el juez aseguró: “Cabe advertir que, del informe contable presentado como prueba documental por el actor, donde ilustra el monto de los bienes de éste, situados tanto en el país como en el exterior y el valor del tributo a abonar, se advierte que lo que se encuentra comprometido es un porcentaje inferior al 4% del patrimonio del recurrente, por lo que deduzco, en esta instancia preliminar, que el mismo no afecta la capacidad contributiva del presentante para afrontar el pago del tributo”, explicó en detalle el magistrado. “Tampoco fue acreditada en esta instancia que el impuesto discutido afectara la continuidad de las actividades económicas que en el futuro desarrollara el actor”.
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Y finalizó: “La prueba aportada en autos no sería apta para probar prima facie la afectación del derecho de propiedad alegado, ni la confiscatoriedad del impuesto argüido. Por ende y recalcando, en este estadio provisorio, concibo que no obra prueba concluyente de la existencia de arbitrariedad o irrazonabilidad del acto administrativo discutido”.
Por supuesto, con la misma potencia con la que Bati definía en la Seria A del fútbol italiano, sus abogados apelaron la resolución del juez y solicitaron que la causa se mantenga en reserva. Según la defensa de Batistuta, si paga la cifra que se le exige para el Aporte Solidario, Batistuta perdería parte de su patrimonio. La excusa es que esos números estarían cerca al 1000% de las rentas que obtuvo durante 2020.