Beneficios dudosos
29 Enero de 2025 08:33
El Gobierno Nacional oficializó a través del Boletín Oficial la autorización del autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio del país. La medida, presentada como una alternativa para reducir costos y mejorar la eficiencia, genera más dudas que certezas y reaviva el debate sobre seguridad, empleo y calidad del servicio. El decreto 46/2025, firmado por la Secretaría de Energía, habilita a los usuarios a cargar su propio combustible, argumentando que esta opción permitirá un precio diferenciado más bajo. Sin embargo, detrás de la promesa de un beneficio económico para el consumidor, se ocultan la pérdida de puestos de trabajo y serias preocupaciones.
En un contexto en el que la seguridad en las estaciones de servicio siempre es una prioridad, delegar la responsabilidad de la carga de combustibles a los propios usuarios introduce peligros potenciales. La manipulación inadecuada de combustibles inflamables puede generar accidentes graves, como incendios y explosiones, sobre todo si no se implementan controles estrictos y capacitaciones adecuadas para los clientes.
Aunque el Gobierno menciona que el autoservicio funciona en países como Estados Unidos y en algunas naciones europeas, omite que en muchas de esas jurisdicciones existen estrictas regulaciones y sistemas de seguridad que no está claro si se aplicarán en Argentina. Además, se corre el riesgo de que la falta de supervisión derive en una menor calidad en el servicio y un mayor peligro para los usuarios y trabajadores de las estaciones.
Uno de los principales cuestionamientos a la medida es su impacto en los puestos de trabajo de los playeros, quienes hasta ahora venían siendo los principales encargados de despachar combustible. Pese a que el Gobierno sostiene que el sistema será mixto y que el autodespacho será opcional, la experiencia de otros sectores demuestra que este tipo de cambios suelen derivar en la reducción de personal y la precarización laboral.
El argumento oficial de que la medida "coadyuvará a mantener los puestos de trabajo" es contradictorio, ya que la implementación de sistemas de autoservicio busca precisamente reducir costos operativos, lo que se traduce en menos empleados. En un país con altos niveles de desempleo y precarización, esta decisión podría agravar aún más la situación laboral en el sector.
Si bien el Gobierno argumenta que el autoservicio permitirá un "precio diferenciado más bajo", no se especifica de cuánto sería esta reducción ni cómo se garantizará que los consumidores realmente se beneficien. En otros países, la diferencia de precio entre el servicio tradicional y el autoservicio suele ser mínima, y muchas veces los ahorros terminan beneficiando a las empresas más que a los usuarios.
Además, al delegar la carga de combustible en los clientes, las estaciones podrían reducir costos operativos sin necesariamente trasladar esa reducción al precio final. En otras palabras, es posible que los consumidores terminen pagando lo mismo por un servicio que ahora requiere de su esfuerzo personal. De esta manera, la implementación del autoservicio de combustibles es una medida que presenta más interrogantes que certezas.
Con riesgos potenciales en materia de seguridad, impacto negativo en el empleo y un beneficio económico poco claro para los consumidores, la decisión del Gobierno parece responder más a una lógica de desregulación y reducción de costos para las empresas que a una verdadera mejora en la calidad del servicio. Mientras que en otros países esta modalidad viene siendo implementada con regulaciones estrictas y un esquema de transición planificado, en Argentina su aplicación podría generar más problemas que soluciones. La falta de controles, la reducción de puestos de trabajo y los riesgos asociados a la manipulación de combustibles son factores que no pueden ser ignorados. El tiempo dirá si esta política realmente beneficia a los ciudadanos o si, como tantas otras veces, solo termina favoreciendo a unos pocos.
