El último paro de 24 horas que llevaron adelante la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) dejó un saldo de más de 37.000 pasajeros afectados por la cancelación de 319 vuelos de Aerolíneas Argentinas. Se trató del paro más extenso instrumentado por los gremios aeronáuticos en lo que va de la gestión de Javier Milei, en reclamo de un aumento salarial de entre el 25% y el 70%, mientras la administración libertaria ofrece un 11%.
Uno de los impulsores del paro, el secretario general de APLA, Pablo Biró, calificó como "grave" el conflicto, advirtió que la situación "se va a poner peor" y anticipó que tomarán medidas legales en respuesta a las acciones del gobierno. En diálogo con radio Mitre, expresó su firme rechazo al decreto que declara al transporte aéreo como servicio esencial, publicado en el Boletín Oficial. Según el dirigente sindical, esta medida es "ilegal e ilegítima", ya que atenta contra el derecho fundamental de huelga.
También afirmó que el gremio acudirá a la Justicia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar esta decisión. "Es ilegal e ilegítima la medida que dispuso el Gobierno. Vamos a ir a la Justicia, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el derecho de huelga es fundamental y solo puede estar regulado cuando hay un peligro superior, como la vida humana", manifestó.
Durante la entrevista con Eduardo Feinmann, argumentó que el derecho de huelga solo puede regularse en situaciones excepcionales, como cuando está en riesgo la vida humana. La normativa del decreto establece que las huelgas en el sector deben respetar ciertos plazos y garantizar al menos el 50% de la prestación del servicio. En cuanto a los motivos del conflicto, Biró explicó que el reclamo es esencialmente salarial: el sector se encuentra entre un 77% y un 100% por debajo de la inflación.
De acuerdo con Biró, la oferta del Gobierno es de apenas un 14% y para comenzar a recuperar el poder adquisitivo, debería estarse discutiendo un aumento de entre 30 y 35 puntos porcentuales. También acusó al gobierno de ser "juez y parte" en este conflicto, y de intentar estigmatizar a los dirigentes gremiales. . "Nos ofrecen 14%, y para estar recuperando algo tenemos que estar hablando de 30/35 puntos", manifestó.
A su juicio, el gobierno demostró su interés en privatizar Aerolíneas Argentinas a través de la Ley de Bases, pero al no haber logrado ese objetivo en el Congreso, ahora busca otras alternativas para influir en la opinión pública, utilizando a los pasajeros como " rehenes" en un conflicto que, según él, podría haberse evitado. "El Gobierno es juez y parte y tratan de estigmatizar a los dirigentes gremiales. No han ocultado que querían privatizar Aerolíneas con la Ley Bases. El Congreso le dijo que no, entonces están buscando alternativas para forzar, para tener la opinión publica a favor, teniendo de rehenes a los pasajeros en un conflicto evitable", culminó.
Tras las palabras de Biró, quien le salió con los tapones de punta fue el diputado nacional José Luis Espert. "Se le va a poner peor a él la cosa porque nosotros vamos a defender a la gente en la cual Biró se ha cagado toda la vida como todo el sindicalismo argentino, acá vino el Gobierno a defender a la gente frente a todas estas mafias. Este es un gobierno liberal porque quiere a la gente libre de corporaciones, de mafias como las de Biró, libre de las mafias como las de Moyano, libre de mafias como a veces se comporta la política y también alguna clase empresaria prebendaría", dijo el legislador.
Para Espert, quien también fue entrevistado por radio Mitre, "los sindicalistas que estuvieron cagándole la vida a los pasajeros son delincuentes y los vamos a seguir hasta abajo de la cama". Si bien la medida de fuerza concluyó a las 12 del sábado, las complicaciones en los vuelos se extendió a lo largo de la jornada con demoras y eventuales cancelaciones, producto del denominado "efecto arrastre", como consecuencia de no haber podido cumplimentar los horarios previstos durante aquellas 24 horas.
Al paro de los pilotos y tripulantes de cabina, que afectó directamente a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, se sumaron los trabajadores nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que prestan servicio en la empresa Intercargo, a cargo de la atención de las aeronaves en pista y del despacho y retiro de equipajes, con la realización de "asambleas informativas", tanto en Aeroparque como en Ezeiza y en diferentes horarios.
Esa medida de fuerza encubierta, debido a que rige para ese gremio la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, afectó unos pocos vuelos de Jetsmart y de las compañías extranjeras que tenían previstas operaciones dentro del horario en que se desarrollaron las asambleas, y la contingencia fue superada con la anticipación de partida de los vuelos o la postergación para después de la finalización de las medidas.
Ni Flybondi, que trasladó todas sus operaciones al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde cuenta con servicio de rampa propio, ni American Airlines, que también tiene su propio servicio de rampa, se vieron afectados por las asambleas. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, había anticipado que la compañía perdió con el paro US$ 3 millones y pidió "disculpas" a los pasajeros por la situación. También sostuvo que los sindicatos "están pidiendo porcentajes que el Gobierno no puede dar".
Recalcó que "dos de los gremios aceptaron los aumentos, por lo que más del 30% de los empleados está cobrando el aumento". Explicó que el cese total de la actividad impactó "en una caída de reservas en el tráfico doméstico de un 20% y más del 10% en el internacional". Reiteró la decisión gubernamental de que "la compañía no tiene que costarle un peso a los argentinos, eso nos pidió el presidente Milei" y anticipó que "hay empresas extranjeras interesadas en comprarla".