Mira para otro lado
13 Febrero de 2025 00:08
Mientras las llamas devoran la Patagonia y Corrientes, dejando un paisaje de cenizas y desesperación, la pregunta que resonó a lo largo de estas semanas, sobre todo a través de las redes sociales y principalmente en las zonas afectadas es una sola: ¿dónde está la respuesta del Gobierno Nacional? La designación del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, como único organismo responsable del Sistema Federal de Manejo del Fuego, no solo causó desconcierto, sino también expuso severas falencias en la coordinación de recursos y la asistencia a las provincias que luchan contra el desastre.
El Decreto 1136/2024, publicado el 27 de diciembre, y posteriormente el Decreto 58/2025, consolidaron en el Ministerio de Seguridad Nacional todas las funciones antes distribuidas entre distintas dependencias. Sin embargo, la centralización de la estrategia contra incendios no significó una mejora en la gestión; por el contrario, dejó a brigadistas, bomberos y comunidades enteras desamparadas mientras los gobernadores piden auxilio a la Nación. Los incendios en la Patagonia, con focos activos en El Bolsón, el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Nahuel Huapí y varias localidades de Chubut, obligaron a evacuar a miles de personas.
En Corrientes, la situación es igualmente crítica, con incendios fuera de control que devoran hectáreas de pastizales y ponen en jaque la economía local. Mientras tanto, la respuesta oficial viene siendo tardía y escasa, con municipios recurriendo a la colaboración de brigadistas voluntarios y gobiernos provinciales enviando recursos propios para suplir la ausencia del Estado Nacional. El desconcierto aumenta cuando se observa que ni siquiera se cumplieron las promesas más recientes del Ejecutivo. En una conferencia de prensa, Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron la creación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pero sin aclarar cuándo ni cómo empezaría a operar. En el interín, los incendios continúan avanzando, consumiendo viviendas, flora, fauna y el sustento de cientos de familias.
La gestión de Bullrich al frente del manejo del fuego también generó críticas por parte de funcionarios provinciales, quienes denuncian la falta de comunicación y de asistencia efectiva. En Buenos Aires y Jujuy, las autoridades debieron enviar brigadistas y equipos para apoyar en la lucha contra el fuego, evidenciando la ausencia de un plan de acción nacional coordinado. Mientras tanto, los damnificados esperan una respuesta concreta, que hasta ahora no ha llegado. En un contexto donde el cambio climático agudiza la frecuencia y gravedad de los incendios, la falta de una política pública eficiente y coordinada agrava aún más la crisis.
La centralización del manejo del fuego en Seguridad Nacional resultó ser, hasta el momento, y con una casi asegurada certeza de que esto no cambie, una decisión errónea, que lejos de mejorar la respuesta ante emergencias, la ha burocratizado y entorpecido. Los incendios forestales no esperan anuncios ni resoluciones administrativas. La devastación se extiende a un ritmo implacable, mientras las respuestas gubernamentales llegan tarde o, simplemente, no llegan. La tragedia de la Patagonia y Corrientes es un recordatorio brutal de que las decisiones políticas tienen consecuencias reales y palpables. Y hoy, esas consecuencias se miden en hectáreas calcinadas, hogares destruidos y vidas en vilo.
