El ex presidente Mauricio Macri fue procesado y embargó por la suma de 100 millones de pesos por el juez federal interino de Dolores Martín Bava en el marco de la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. El magistrado encontró al ex mandatario de los seguimientos y el ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo especifico de los familiares de los tripulantes de submarino.
Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que en "prima facie", Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal". De esta manera, el ex presidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando regrese de Chile, donde se encuentra actualmente.
Además, el líder de Juntos por el Cambio sufrirá un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos y "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal". “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión", sostuvo el juez en su resolución.
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Además, resaltó que el gobierno de Macri espió a los familiares con el objetivo de anticiparle al ex presidente "cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”. "Las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”, destacó Bava.
La defensa de Macri apelará esta decisión y la primera en salir a apoyar al ex mandatario en las redes sociales fue María Eugenia Vidal. "Mi solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos BASTA", escribió la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y flamante diputada de la Nación.
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A sus dichos, se sumó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien no dudó en afirmar que Mauricio Macri "no espió ni mandó a espiar a nadie". "Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política. Somos millones los argentinos que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir luchando, cada día con más fuerza, para tener una justicia verdaderamente independiente de los poderes de turno", escribió.
Finalmente Diego Santilli fue el ultimo en aparecer en las redes sociales para defender al ex mandatario y bajo su cargo como Diputado por la provincia de Buenos Aires, remató: "Para construir la Argentina que queremos necesitamos una justicia independiente, con jueces que condenen a los delincuentes en vez de perseguir a los opositores. No tengo dudas de que Mauricio es inocente y que esta es una causa con claro tinte político".
En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con Cristina Caamaño a la cabeza, denunció que el gobierno de Cambiemos hizo espionaje ilegal sobre familiares de 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan. El juez federal Santiago Inchausti delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba.
El año pasado, Adler entendió que debía investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal -de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, como de los tripulantes del buque pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.
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De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recayó sobre el ex presidente de la Nación al considerarlo responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; sobre el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia.
Según se indicó en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia.