Un proyecto de ley abrió una polémica y cierto malestar al interior del PRO. Se trata de una iniciativa del legislador porteño Daniel Presti, quien sumó su firma a la propuesta del peronista Claudio Palmeyro, que permitiría a los fiscales bloquear un medio de comunicación sin intervención de un juez.
En una primera instancia, el proyecto fue presentado como una iniciativa “anti-Uber”. Venía de la mano de Palmeyro, un hombre que responde a Omar Viviani, el líder del gremio de los taxistas. Sin embargo, la iniciativa les otorga a los fiscales el poder de disponer “la suspensión o bloqueo del servicio de Internet en caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información 'internet' o cualquier otro medio de comunicación”.
El proyecto habilitaría a fiscales a suspender o prohibir un sitio, sin orden de un juez.
El proyecto presentado por Presti y Palmeyro señala que se podrá ordenar a las prestadoras del servicio de Internet que denieguen el acceso a un dominio en particular o aplicación móvil. Podrá ser “de forma parcial o total”, según se explica en el texto, publicado por el sitio Nueva Ciudad. La propuesta no cayó para nada bien, incluso dentro del PRO, ya que choca con otras leyes aprobadas por la Legislatura porteña, e incluso con un proyecto del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
Por eso, según el sitio La Política Online, el lunes hubo una reunión cumbre donde se definió avanzar para darlo de baja. Estuvieron presentes la vicepresidenta de la Legislatura, Carmen Polledo, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, y el jefe del bloque PRO en la Legislatura, Francisco Quintana.
El diputado Daniel Presti es uno de los autores de la iniciativa que ya generó polémica.
La polémica iniciativa señala que es necesaria “la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa, ágil y eficaz”. De avanzar y concretarse, un fiscal podría bloquear o denegar el servicio a un sitio en particular, sin una orden del juez, que en este caso debería ratificar o denegar la definición del fiscal. Aunque aclara que es una decisión sobre la que se debe actuar con “prudencia”, le abre el juego a que cada fiscal aplique su criterio.
La iniciativa ya generó un amplio rechazo en agrupaciones de abogados constitucionalistas y ONG's que defienden los derechos de la libertad de expresión. Según el diputado Presti, la ley serviría para casos donde se acrediten contravenciones. Pero ocurre que por la redacción, la iniciativa deja abierta la posibilidad de que se actúe sobre medios de comunicación, blogs y páginas personales.
El proyecto generó un amplio rechazo entre expertos en materia de libertad de expresión.
En este sentido, el diputado explicó que el proyecto apuntará a prohibir “el juego clandestino, hostigamiento, grooming y venta de entradas por Internet”, entre otros. Y continuó: “Si a tu hijo le hacen grooming, el fiscal puede pedir que ese dominio deje de tener esos mensajes de hostigamiento. Por ejemplo, bloqueando una cuenta de Facebook. Está apuntado a conductas contravencionales, no a medios de comunicación. Todas las garantías están protegidas”.
El proyecto ya tiene despacho de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Presti reiteró que para que se ponga en marcha el punto central de la ley “tiene que haber una contravención”. “De ninguna manera se mete con la libertad de expresión. El fiscal tiene que dar aviso al juez de la medida precautoria, que si no está de acuerdo la deja sin efecto. Se realizan muchos delitos por Internet”, aseguró el diputado a Nueva Ciudad.