03 Julio de 2021 08:00
Como es de público conocimiento los fraudes online crecieron de manera exponencial desde que comenzó la cuarentena. Los mecanismos de los delincuentes que cometen estafas por vía digitales son variados. Si bien los bancos profundizaron -especialmente en el último mes- las campañas de comunicación y concientización sobre la protección de datos personales esto no exime de responsabilidad a las entidades.
Recientemente la Secretaría de Comercio Interior multó a dos entidades (Santander y BBVA) y resolvió que han incumplido con la obligación de garantizar la seguridad de los datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes.Tanto las campañas de comunicación realizada por los bancos como la sanción mencionada no resultan suficientes para solucionar los problemas de los clientes que han sido víctimas de estafas.
La situación no se verá aminorada en tanto que los bancos no asuman responsabilidades y modifiquen la modalidad en el otorgamiento de préstamos (en especial los preaprobados). También es importante destacar la falta de buena fe de las entidades toda vez que unilateralmente realizan y facilitan operaciones bancarias para luego imputar el control y la seguridad de las mismas al cliente. El banco es el creador y operador de la plataforma de operación bancaria, el que determina los controles de acceso y establece las pautas y niveles de seguridad. Cuando los mismos han sido vulnerados el banco no puede pretender que la responsabilidad sea del cliente, invirtiendo la carga de la prueba. Esto resulta inadmisible.
Existen innumerables alternativas a la que los bancos pueden recurrir para corroborar la identidad de sus clientes. Sin embargo, la falta de empeño o la incapacidad para implementar estos cambios resulta llamativo.
Reconocemos el trabajo de las diversas entidades a la hora de concientizar a los usuarios acerca de buenas prácticas para la protección de datos personales. Sin embargo, esto no puede ser un argumento para que las entidades permitan y habiliten operaciones perniciosas para sus clientes.
Como ya mencionamos los créditos rápidos o preaprobados son un vector de riesgo para la integridad financiera de muchos. Por su rápida solicitud y aprobación son el objetivo final de muchas estafas. Es valioso que los clientes puedan contar con recursos veloces y eficaces para acceder a financiamiento, sin embargo, parte de esa eficacia radica en que el crédito accedido llegue efectivamente al cliente y no a un estafador.
La pena que se ha aplicado a las entidades es un paso en el sentido correcto, pero no puede ser el capítulo final de esta historia. Es necesario que las entidades refuercen sus sistemas de seguridad, hagan hincapié en proteger la integridad financiera de sus clientes cuando son víctimas de estafas y que las entidades se hagan responsables cuando sus sistemas fallan.
