Justicia. Una vez más, Justicia. Desde hacía varios meses, el represor Carlos Ignacio Cialceta era buscado. Tenía una orden de captura internacional desde el 12 de abril debido a una causa en la se encontraba procesado por un secuestro, tortura y homicidio durante la última dictadura militar.
En ese entonces, el represor formaba parte del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, provincia de Salta. Y es el acusado por asesinar a un militante peronista a finales de la década del 70, cuando Argentina vivió una época nefasta por la dictadura.
La detención de Cialceta se dio en el marco de un operativo de Gendarmería. Dicha captura fue realizada por los agentes en una casa de la ciudad de Salta, después de una extenuante investigación que incluyó tanto tareas de campo, guardias y escuchas telefónicas.
El domicilio donde fue encontrado el delincuente era de sus familiares. Y al ingresar al lugar, en un primer momento no encontraron al represor. Pero todos los datos indicaban que se encontraba en el lugar. Por eso, los oficiales de Gendarmería dispusieron una requisa total. Así vivieron un hecho que dejó en claro la cobardía del detenido: se había escondido en un placard.
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Cuando fue descubierto, fue esposado de inmediato. Ahora se encuentra a disposición de la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal N°2, que interviene en la causa y dio lugar al pedido de captura que había requerido el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta.
En ese contexto, el fiscal había solicitado la prisión preventiva en marzo de 2021 por el riesgo de fuga. Antes la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta había revocado un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito.
Después de eso, Cialceta se fugó. No sólo abandonó el domicilio que compartía con su pareja, sino que la obligó a decir que no sabía dónde estaba viviendo. A partir de ahí, se ordenó la captura internacional porque creían que podía haberse ido del país.
En la causa, el represor procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad por violencia y amenazas, tratándose de un funcionario público en abuso de sus funciones, en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por el número de personas y alevosía.
Sobre el caso en cuestión, el teniente coronel retirado está procesado por su participación en el asesinato del dirigente Jorge René Santillán, el 10 de agosto de 1976. Ese día, cinco sujetos encapuchados llegaron a la casa de la víctima en General Mosconi y lo secuestraron, luego de golpearlo a su familia.
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Santillán fue subido auto que partió rumbo a Tartagal. Más tarde, el cuerpo del dirigente fue hallado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi. Tras las pericias, se supo que el cadáver había sido dinamitado por una carga explosiva de Gelamón. El encargado de hacer explotar el cuerpo habría sido Cialceta.
“Se encuentra indiscutido que el Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, tuvo participación en la denominada lucha contra la subversión, habiendo sido condenado su máxima autoridad en la cadena de mando (General Héctor Ríos Ereñú), en carácter de autor mediato del secuestro y posterior homicidio de René Santillán, como se estableció”, aseguraron en la cámara.
En tanto, para el fiscal, Cialceta tuvo un rol fundamental en la represión: “Ocupó entonces una posición institucional de alto rango dentro de la estructura del aparato organizado de poder del terrorismo de Estado, por lo que resulta probable la influencia que el nombrado puede ostentar en las estructuras de seguridad hoy vigentes, a las cuales perteneció y tuvo bajo su mando, teniendo particularmente en cuenta el grado militar alcanzado”.