¿Se puede o no se puede usar Uber? Esa es la pregunta que se hacen buena parte de los porteños luego de que se conoció que la Cámara de Apelaciones de la Ciudad rechazó que manejar un vehículo dentro de esa aplicación sea un delito.
El fallo, que se conoció oficialmente ayer por la noche, rápidamente ganó espacios en diferentes medios sostiene que no se le puede aplicar una contravención a los choferes que manejen con esas aplicaciones. El caso fue denunciado por un conductor de Uber al que se le labró una multa por $60.000.
En su fallo, adverso para lo que busca implementar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los magistrados si mantuvieron vigente la herramienta que utiliza la Ciudad para desalentar la práctica de Uber: las multas de $200.000 y retención del vehículo.
“Como se expresó, la falta de habilitación o permisos de cada vehículo que participa en la actividad comercial desarrollada por UBER debe evaluarse en cada caso en particular y, en ocasión de verificarse su ausencia, no es la contravención aquí imputada la que reprime la conducta a reprochar, sino la mencionada ley de faltas”, sostienen en su fallo.
Diez días antes de que este último el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Víctor Trionfetti, intimó al Gobierno de la Ciudad a que dé cuenta de los trabajos para el cumplimiento de las cautelares que deberían impedir que la empresa opere dentro de la Ciudad. El magistrado tomó esa decisión después que se conoció la noticia de la denuncia por evasión tributaria que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Además de ratificar la vigencia de la cautelar el magistrado le solicitó a la Ciudad que informe si “han presentado (desde Uber) algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros y, en caso afirmativo, informe desde qué fecha y, remita los antecedentes administrativos o copia certificada de los mismos”.
Y en particular, solicitó que precise “cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder policía (...), en coordinación con las distintas áreas del Gobierno Central y las Comunas (...) para garantizar el cumplimiento de la manda judicial, la seguridad y el orden público en relación con la mencionada orden judicial de interdicción de la actividad de la empresa UBER en el ámbito de la CABA”.