Durante la pandemia del Covid-19 era habitual que Defensa al Consumidor recibiera quejas sobre aerolíneas y empresas dedicadas a la venta de pasajes que se negaban a devolver el dinero ante las cancelaciones como consecuencia del cierre de fronteras. En las últimas horas la Justicia porteña falló en contra de dos de ellas, pero además las obligó a pagar punitorios con lo que dejó sentado un precedente para que los usuarios, de avanzar con sus reclamos, reciban indemnizaciones por la falta de servicio.
El fallo en concreto fue del titular del Juzgado N° 2 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, en una causa contra Despegar y Alitalia por pasajes que se vendieron antes de la pandemia y que las personas que los compraron los perdieron ante la negativa de ambas empresas de cambiarle la fecha, dejarlo abierto o devolverle el dinero.
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Alitalia fue condenada como operadora del servicio, mientras que Despegar lo hizo en su rol como comercializadora. Gallardo valoró que, de acuerdo a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, procura atender entre otras necesidades “la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores”.
En su resolución Gallardo le dio un plazo de tres días para que le paguen al demandante $414.220 más sus intereses, sumado a $ 200.000 en concepto de daño moral, también con intereses y $1.242.660 en concepto de daño punitivo. En total ambas empresas deberán pagarle casi dos millones de pesos a la persona que los demandó.
Pero no sólo eso, fuentes judiciales consultadas por este medio consideraron que se deja un precedente para evitar que en el futuro las empresas sigan realizando esa practica en sus políticas de devolución. “Son muy pocos los casos que van a la Justicia, ahora con este precedente van a haber más que se solucionaran rápido. Ya deja de ser negocio no devolver el dinero o dejar los peajes abiertos”, consideró la mencionada fuente.
En su fallo Gallardo sostuvo que "las codemandadas cobraron el precio de los pasajes y, frente a la cancelación de los vuelos por la pandemia, se negaron tanto a resolver el contrato y devolver el dinero recibido, como a diferir la prestación comprometida. Esta retención del pago, cuya causa devino inexistente por la frustración de la finalidad tenida en miras al contratar, constituye una conducta ilícita generadora de responsabilidad".