"No reclamo mejoras en la cárcel, como se informó erróneamente en algunos medios, que buscan deslegitimizar mi reclamo banalizándolo. Sólo pido que se cumpla la ley", dice Esteban Ibar Pérez Corradi en una carta que le hizo llegar a BigBang a través de un amigo. El acusado de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez lleva 18 días de huelga de hambre en su lugar de detención, que no puede revelarse porque forma parte del Programa de Protección de Testigos.
Justamente, Corradi reclama contra ese programa.
Foto exclusiva de Pérez Corradi, cuatro meses antes de su detención. Pesaba 95 kilos, 25 más que ahora.
Corradi fue acusado de haber contratado a los hermanos (Martín y Cristian) Lanatta y a los (Víctor y Marcelo) Schillaci para matar, el 7 de agosto de 2008, a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, quienes aparecieron en una zanja de General Rodríguez.
El 28 de diciembre de 2016, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría le otorgó la falta de mérito en la causa en la que está acusado por los supuestos delitos de "amenazas y homicidio agravado" de los tres empresarios asesinados.
El reclamo
BigBang tuvo acceso al escrito de Corradi:
Estudio: "No accedo a ese derecho a pesar de estar comprobado que es una herramienta útil para la reinserción social de los detenidos. Además está garantizado por la ley de Ejecución Penal y la nueva Ley Federal de Educación, que establece claramente que la seguridad en ningún momento podrá obstaculizar el acceso a la educación de las personas detenidas".
Trabajo: "Al igual que el estudio, es de suma importancia que los detenidos tengan acceso al trabajo para su reinserción y también está garantizado por la Ley".
Corradi, cuando llegó al país desde Paraguay.
Visita íntima: "También garantizadas por Ley y sancionada a causa de los hechos vinculados a los 12 apóstoles de Sierra Chica. En mi caso hay una orden de un juez desde el 8 de febrero, hace 35 días, y hacen caso omiso".
Atención médica: "Aparte de que el acceso a la salud es un derecho universal, está garantizada por la Ley 24.660 y no es solamente en caso de emergencia, sino para tratamientos y medicamentos. En mi caso no me dan tratamiento médico y psicológico, y en el caso de los otros detenidos no les dan lentes o prótesis dentales que necesitan y medicamentos fundamentales para vivir dignamente. Hay órdenes de prácticas médicas que no se realizan".
Condiciones de encierro: "El organismo de procuración, jueces y organizaciones de Derechos Humanos coinciden en que la sanción máxima que puede imponerse a un detenido es de 15 días encerrado en régimen de 23 horas de encierro y una de esparcimiento. Sin embargo yo llevo más de ocho meses en esta situación y me sacan una hora a caminar gracias a un recurso de hábeas corpus interpuesto por mí porque no querían sacarme".
Corradi estuvo oculto en la Triple Frontera.
"Lo que expuse antes es un derecho de todos los detenidos, aparte de eso yo estoy incorporado en el Programa de Protección de Testigos e Imputados, el cual establece que las personas alcanzadas por este programa recibirán atención médica, cambio de domicilio, documentos, alimentos, trabajo, educación, mudanza".
Los polémicos 21 identikits que difundió Interpol cuando Corradi estuvo prófugo.
"Pero el señor Francisco Lagos, que está a cargo del programa de protección de testigos, no cumple con nada de esto y debido a distintos reclamos, incluso judiciales, hechos por mí, contrató a dos asesores, a los que les pagan 100.000 pesos por mes a cada uno. Son un abogado y un politólogo para negar de forma elegante sus obligaciones mientras el jefe del programa esquía en Las Leñas".
"Recordemos que es el mismo programa que protege a Leonardo Fariña, que sufrió tres atentados, uno de ellos hubo dos muertos inclusive. ¿Están esperando que maten a Fariña para cambiar estas políticas o están esperando que maten a los testigos para gastar menos plata?".
Fariña también forma parte del mismo programa de protección de testigos.
Corradi también se quejó porque a su familia "le ponen trabas para radicarse en el país, buscando que desista de permanecer en el programa de protección de testigos".