15 Diciembre de 2022 11:35
Desde hace más de 24 horas que Perú es un caos. En verdad, todo comenzó cuando Pedro Castillo, ex presidente que fue acusado de "rebelión" y "conspiración" tras intentar generar un autogolpe de Estado en ese país, y quedó detenido y hasta intentó fugarse por la embajada de México donde pidió asilo.
Después de una semana de crisis política y social, el miércoles amaneció con más manifestaciones en diferentes puntos del país y el Gobierno de Dina Boluarte, ahora mandataria de Perú, se declaró en estado de emergencia para tratar de restablecer el orden público por 30 días, algo que rige desde la madrugada del jueves.
Las protestas no cesan y es un descontrol. Hubieron ataques a estaciones de metro, los aeropuertos cerraron así como varias terminales de buses, personas ingresaron a una planta de bombeo de gas, los establecimientos de salud anunciaron alertar roja para garantizar la atención de cualquier persona que resulte afectada, hay cortes de accesos, y hasta las fuerzas armadas salieron a "resguardar" la sede de Ministerio Público en Arequipa.
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En medio de todas esas acciones, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó la investigación preparatoria contra Castillo tras su intento de perpetrar un autogolpe y también incluyó al ex premier Aníbal Torres por el delito de rebelión y otros. Al mediodía, el ex mandatario tuvo que enfrentar el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva en su contra por parte del Ministerio Público.Por la tarde, la Policía Nacional dio a conocer la lista de personas intervenidas durante los disturbios sociales a nivel nacional. En una nota de prensa que daba la cuenta de las personas detenidas entre el siete y 13 de diciembre daba cuenta de 71 personas.
Al rato, se empezaron a difundir la cantidad de muertes producto de estas protestas y los policías heridos: 7 y 140, respectivamente. Ya en la media noche, el Banco de la Nación había cerrado al menos 21 de sus agencias y reducido su horario por actos vandálicos que se habían reportado en los últimos días.
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En medio de todo esto, con las protestas cada vez más masivas en contra de la destitución de Castillo, Boluarte habría anunciado que presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones.
Al mediodía del jueves, con el estado de sitio declarado, se informaron al menos ocho muertes, 71 detenidas y 216 policías resultaron heridos. El Ministerio de Salud dijo el miércoles en la noche que 171 personas habían sido hospitalizadas o atendidas.
Por su parte, el Ministerio del Interior informó que 215 dependencias públicas fueron destruidas, de los cuales 16 son sedes de fiscalía, comisarías, Poder judicial, entre otros. Perú entonces continua en quilombo total de quienes aplauden la destitución y quienes están encontra de esto pero permanecerá sin toque de queda y con precauciones para tratar de cuidar la salud de quienes trabajan para el Estado, así como todo lo vinculado al turismo que se vio afectado con las manifestaciones.
La mandataria Dina Boluarte especuló con adelantar para 2023 las elecciones generales. Se trata de otra medida que busca erosionar las manifestaciones que pueden crecer este jueves con una anunciada movilización nacional. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, explicó que el estado de emergencia constituye una medida de respuesta "contundente y de autoridad" ante las protestas que se registran en varias regiones del país y que dejaron ya ocho muertos a causa del accionar presuntamente abusivo de las fuerzas de seguridad. Boluarte había deslizado la posibilidad de ampliar el estado de emergencia que ya estaba vigente, por 60 días, en Ica, Arequipa y Apurímac, al resto del territorio.
