“Imaginate si voy para Argentina ¿Qué gano estando preso? No voy a estar a operando para que la gente pueda cobrar”. La frase pertenece a Leonardo Cositorto, ex CEO de Generación Zoe, la “empresa” con la que estafó a miles de personas en millones de dólares. Aunque sus palabras parezcan un chiste son reales. Sin dudas, se ríe de la Justicia.
Por ahora, Cositorto no solo brinda notas cada semana sino también da clases por Zoom. Se cree que se encuentra refugiado en Panamá o en República Dominicana. Sobre el pesa un pedido de captura internacional de Interpol. Pero la Justicia poco puede hacer.
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Mientras tanto, la fiscal que investiga la estafa de Generación Zoe, Juliana Companys, aseguró: “Todo lo que hizo Cositorto es una estafa de manual”. Y agregó: "El Código Penal es muy claro en este tipo de estafa. Y para nosotros es una estafa de manual. Que está desde hace muchos años utilizada por mucha gente estafadora. Entonces la prueba, si bien hay que reunirlas y es mucha, en el caso de Generación Zoe, estamos hablando de que tenemos un expediente hoy a la fecha de 12 cuerpos, no es una estafa difícil de demostrar".
Cerebro judicial macrista
Por supuesto, los prófugos no salen solo desde las empresas privadas. También hay algunos que tuvieron su paso por el Estado. Un ejemplo claro de evasores de la Justicia es el que dejó el gobierno de Mauricio Macri: Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, es abogado y fue miembro de la mesa judicial de Macri. Su función fue central: elegido por Macri como el ideólogo de varias de las estrategias en temas legales que tuvo la administración durante su presidencia, delineó la relación entre el ala dura del macrismo con la industria del Juego.
También fue parlamentario del Mercosur. Fue el creador del decreto que nombró en comisión a dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti. Por esos años, también se hizo cargo además de uno de los juicios internacionales más complicados para la Argentina: YPF. Director de la petrolera de control estatal, se puso al frente junto al ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, de juicio contra el fondo buitre Buford.
Desde 2020, enfrenta una denuncia judicial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, por las presiones y amenazas que ejerció contra el Grupo Indalo. Pero, cuando se enteró de la causa que debía enfrentar, Pepín optó por huir de la Justicia. El cerebro judicial de Macri se mudó a Uruguay.
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“Soy un perseguido político”, lanzó para explicar que prefería vivir lejos de Argentina antes que ponerse a derecho. Casi un manual de estilo de los delincuentes. La Justicia uruguaya suspendió la extradición del ex funcionario macrista porque pidió ser considerado un “refugiado político”. Sin dudas, otra burla a la Justicia.
La fuga del represor
El tercero es otro caso emblemático. Alberto Luis Esteban Kyburg, que nació el 22 de enero de 1948, es exsegundo comandante de la Agrupación de Buzos Tácticos con sede en la Base Naval de Mar Del Plata. Fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura y, desde hace casi 10 años, está prófugo. Lo llamativo es que la Justicia sabe dónde vive. Pero no hace mucho para extraditarlo.
Desde hacía varios años, Kyburg sabía que la Justicia iría tras él. Por eso, en 2012, cuando supo que ya no tenía más formas de escapar, eligió la vía de la legalidad. Tramitó la nacionalidad alemana, a la que tenía derecho por su ascendencia, y se escapó a Berlín.
Era junio de 2013. Un par de días antes, el represor había sido citado a indagatoria por el juez federal Santiago Inchausti, en el marco de la causa Base Naval 3 y 4, en la que es uno de los acusados. Como no se presentó, la Justicia inició una investigación para dar con su paradero.
Un año después, tras un cruce de datos, descubrieron que Kyburg había cruzado a Uruguay, a través del puente que uno la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, con Fray Bentos. De ahí, se tomó un vuelo en Montevideo a Estados Unidos y luego partió a Alemania.
El destino final del acusado por delitos de Lesa Humanidad tenía una razón: la Constitución de Alemania impide la extradición para sus ciudadanos para ser juzgados en otros países. Creyó que viviría el resto de su vida en el anonimato y lejos de los aberrantes crímenes que cometió en Mar del Plata durante los 70. Pero se equivocó.
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Una denuncia anónima en la Embajada Argentina en Berlín reveló que Kyburg vivía en esa ciudad. Interpol libró una orden de captura internacional. Pero nada ocurrió. Kyburg sabía que nunca pagaría por la muerte y desaparición de 123 personas durante la dictadura cívico-militar. En marzo de 2015, la justicia de Alemania se negó a extraditarlo. Parecía el final. Pero no.
En 2017, después de que otros dos argentinos encontraran la nueva casa del represor en el barrio berlinés de Friedrichshain, uno de los más caros, Anahí Marocchi, hermana de Omar Marocchi, uno de los hombres desaparecidos por el acusado, se presentó como querellante en Berlín. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de Berlín por los crímenes cometidos en la Argentina y podría ser juzgado y condenado en Alemania. Desde lejos, las leyes argentinas no logran nada. ¿Será Justicia?