por Rafael Saralegui
09 Noviembre de 2017 18:03
Convencidos de que en la Argentina ya no existe el estado de derecho, los abogados del ex ministro Julio Miguel De Vido denunciaron al Gobierno del presidente Mauricio Macri ante organismos internacionales de derechos humanos para que se respeten las garantías de su cliente, que fue detenido antes de ser procesado.
“En efecto, ponemos a conocimiento de la comunidad que, el día de hoy, hemos formalizado dos presentaciones individuales en procura de obtener el cese de las irregularidades denunciadas respecto de nuestro asistido. En primer lugar, hemos presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, asimismo, hemos formulado una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dijeron los abogados del ex ministro en un comunicado.
De Vido fue detenido por orden de dos jueces federales. Luis Rodríguez pidió su desafuero a la Cámara de Diputados y su arresto al Ministerio de Seguridad en la causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos en la reactivación de la mina de Río Turbio, en la cual hoy fue procesado y se le impuso un embargo de 250 millones de pesos.
Bonadio fue uno de los jueces que había pedido la detención del ex ministro.
Claudio Bonadio, para no quedarse atrás, lo procesó en la causa por la que se investiga la compra de 500 barcos cargados con gas licuado. Para procesarlo se basó en un dictamen elaborado por el perito David Cohen, quien está siendo investigado porque según uno de los imputados se copió parte del texto del informe de sitios de internet sin citar las fuentes y en forma adrede realizó un cálculo erróneo.
“En ambos foros internacionales, se ha peticionado expresamente que se adopten todas las medidas necesarias a efectos de que el Estado argentino reencause dentro de las reglas del debido proceso a todas las investigaciones penales en cuyo marco -sin fundamento alguno- se decidió privar de libertad al diputado De Vido”, dice el texto firmado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
Los dos letrados anunciaron su decisión de recurrir a los organismos internacionales, luego de haber sido notificados del procesamiento dictado por el juez Rodríguez en la causa por la que se investiga el supuesto desvío de fondos en la mina de Río Turbio y la construcción de una usina eléctrica que iba a funcionar con ese mineral.
De Vido está siendo juzgado por la tragedia de Once.
“Frente a la reiterada comprobación de que es la arbitrariedad jurisdiccional al servicio de la persecución política y no la legislación sustantiva y procedimental la base sobre la cual se arriba a las resoluciones judiciales, que consideramos que la situación ha adquirido una gravedad institucional que amerita acudir a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos pues, más allá de haberse cercenado radicalmente y sin justificación los derechos básicos de nuestro asistido, esa situación reviste entidad suficiente para poner en serio riesgo de subsistencia la institucionalidad de la República”, dijeron los abogados en su declaración.
De Vido fue detenido por orden del juez Rodríguez, luego de que la Sala II de la Cámara Federal se lo ordenara, pese a que no había sido procesado y siempre había estado a derecho, al presentarse en cada ocasión en que fue requerido en alguna causa en trámite.
“No podemos dejar de mencionar que en el ámbito interno, al menos actualmente, resulta absolutamente improbable mantener la esperanza de que se vuelva a respetar -sin importar quién sea el acusado- el principio constitucional de inocencia, el derecho de defensa en juicio, la garantía de imparcialidad del Juzgador, en fin: el debido proceso legal. Todo ello nos ha puesto en esta lamentable obligación de tener que acudir al auxilio de los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos”, concluyeron sus abogados.
