por Rafael Saralegui
05 Agosto de 2017 11:47
Santiago Maldonado llegó durante el fin de semana último a la zona de Esquel, en Chubut, otro hito en su viaje de mochilero que inició meses atrás y que lo llevó hasta aquella región convulsionada por una protesta de la comunidad mapuche Cushamen, enfrentada con la empresa Benetton, que los quiere desalojar de las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales.
El muchacho salió de su casa en la ciudad de 25 de Mayo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hace varios meses para realizar un viaje por el sur del país y Chile. Hace un mes y medio había llegado hasta El Bolsón.
El joven se acercó a interiorizarse sobre lo que estaba pasando con los mapuches, a expresarles su solidaridad. Lo hizo en momento en que la Gendarmería Nacional emprendió una durísima represión contra los manifestantes. Y Maldonado parece haberse llevado la peor parte: está desaparecido desde el martes último.
“Varios testigos afirman haberlo visto mientras era perseguido por los gendarmes hasta que lograron cercarlo. Desde entonces, amigos y familiares lo han buscado intensamente y realizaron denuncias ante la justicia, pero todavía no hay información sobre el paradero del joven”, denunció la Comisión Provincial por la Memoria.
“Santiago Maldonado desapareció al momento de intentar cruzar un cauce de río ubicado en las cercanías del Territorio de la comunidad, cuando era perseguido por miembros de Gendarmería Nacional en circunstancias que el suscripto desconoce”, precisó el defensor oficial de Esquel, Jorge Machado, en la presentación de un hábeas corpus ante el juzgado federal de esa ciudad.
Machado denunció a la Gendarmería Nacional y al Poder Ejecutivo por la desaparición de Maldonado y pidió que adopte las medidas necesarias para dar con el paradero del joven desaparecido. “El presente hábeas corpus por la desaparición y/o detención ilegal se interpone contra Gendarmería Nacional- Ministerio de Seguridad de la Nación Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo al defensor en su escrito.
Santiago está desaparecido desde el martes último.
Luego se presentaron otros hábeas corpus y una denuncia penal radicada por el hermano de Santiago, Sergio, que vive en Bariloche y quien esta mañana participó de la audiencia convocada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien convocó a las autoridades de la Gendarmería Nacional para que brinden explicaciones.
“La Gendarmería no dio ninguna explicación. Tampoco presentó el informe que le había requerido el juzgado. Dijeron que no saben nada del paradero de Santiago y que ellos no lo detuvieron”, explicó Sandra Raggio, directora ejecutiva de la Comisión Provincial de la Memoria, de la provincia de Buenos Aires, que está colaborando con la comunidad mapuche.
Según los testimonios recogidos por Sergio, integrantes de la comunidad vieron cuando efectivos de la Gendarmería rodeaban a Santiago, lo golpeaban y luego lo subían en un vehículo de esa fuerza de seguridad, luego de haber entrado a los tiros en el predio sin ninguna orden de allanamiento.
La Gendarmería fue acusada por la desaparición de Maldonado.
"La desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su desaparición y garantizar su aparición con vida", señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil, este mediodía durante una conferencia de prensa.
Y agregó: "Hay fuertes indicios de que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde entonces no sabemos nada más de él".
“A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo", señaló Germán Maldonado, en la misma rueda de prensa.
"Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta", resumió.
Los integrantes del lof mapuche Cushamen ocupan unos terrenos fiscales desde hace dos años y están en disputa con la empresa Benetton, que decidió alambrarlos, mientras la discusión sobre la propiedad está en pleno trámite. Además, dicen que tienen derechos ancestrales: sus familias viven en la zona hace decenas de años.
