23 Marzo de 2017 19:55
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue denunciada hoy por presunto cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos a raíz de la compra de un edificio para el organismo, operación en la que intervino -según la acusación- una inmobiliaria supuestamente vinculada a su ex esposo Héctor Alonso.
El pedido de investigación del fiscal Carlos Rívolo, que quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien dispuso el secreto sumarial. Gils Carbó contestó hoy mediante un escrito de su abogado Alejandro Rúa en el que rechazó el pago de sobreprecios o comisiones en esa operación inmobiliaria de 2013.
La denuncia de la fiscalía de Rívolo -por su licencia, firmada por el fiscal federal Guillermo Marijuán- alcanza a Gils Carbó, a su ex marido Alonso y a la empresa "Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA".
La Procuradora se desligó de su ex esposo, a quien incluso habría denunciado.
La investigación se remite a la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación (PGN) que, según la denuncia, supuestamente redundó en el cobro de una comisión por intermediación que rondó los $8.000.000 por parte de Alonso, hechos negados en la presentación espontánea que firmó Rúa.
Se trata del inmueble ubicado en la calle Perón 667 de la ciudad de Buenos Aires, adquirido por licitación pública.
Fuentes de la Procuración le dijeron a la agencia Télam que no hubo ninguna comisión de por medio y remarcaron que "es conocida la mala relación de la Procuradora con su ex esposo".
Gils Carbó denunció a su ex esposo "en 2015 por estafa y fraude al erario público en el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas", denuncia efectuada por la Procelac, la oficina que investiga la criminalidad económica y el lavado de activos, dependiente de la PGN.
La denuncia de Rívolo contra Gils Carbó llega en momentos en que el presidente Mauricio Macri apura el juicio político para echar a la Procuradora, por considerarla afín al kirchnerismo. Surge además a partir de información que acercó un denunciante anónimo.
En cuanto a la presentación espontánea firmada por el abogado Rúa, rechazó información divulgada sobre el caso por el matutino Clarín, a la que calificó de "falsa", y brindó precisiones sobre lo que llamó el "real trámite" de la adquisición en 2013 del inmueble de la calle Perón 667.
Entre otras consideraciones, señaló que la "licitación pública cuestionada en esta causa tiene antecedentes que se remontan al mandato del entonces procurador interino, Dr. González Warcalde" en 2012 y dio detalles sobre las razones que llevaron al fracaso de sucesivas licitaciones previas a la cuarta, convocada en enero de 2013, para una operación que admitía también, según el escrito, la opción de la compra directa.
El fiscal Rívolo pidió investigar a Gils Carbó y a su ex esposo.
En la compulsa en la que se presentaron cinco oferentes, la adjudicación resultó favorable al inmueble de la familia Bemberg, en la calle Perón, el de "menor precio por metro cuadrado" y, siempre según Rúa, "a tenor de reunir las condiciones técnicas del pliego y resultar altamente conveniente el precio ofertado".
Sobre las "falsedades" que atribuyó a la versión periodística cuestionada en el escrito, señaló que se pagaron por el inmueble en cuestión 43.850.000 pesos, "mientras que se informan 54.050.000", entre otros puntos.
También dijo que a raíz de esa versión Gils Carbó "se comunicó con su ex marido, quien negó tener ninguna vinculación con las sociedades con las que esa publicación pretende relacionarlo, ni con los hechos del caso".
