Después de más de dos años de trabajo a distancia y remota por la pandemia de coronavirus que se desató a principios de 2020, el Gobierno Nacional estableció que el 1° de mayo será la fecha límite para que los trabajadores de la administración pública regresen a la presencialidad total.
La decisión fue confirmada a través de la Resolución 58/2022, que fue publicada en el Boletín Oficial, por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete. “Antes del 1º de mayo de 2022 cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios", establecieron en dicha resolución.
En ese sentido, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, aseguró: "Esta resolución no es un capricho sino que es parte de las nuevas recomendaciones que estableció el Consejo Federal de Salud y que fue refrendada en una resolución el Ministerio de Salud”.
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Y agregó en una entrevista: "Los cuidados en esta nueva etapa se establecen con ventilación simple y no cruzada, con uso de barbijo y con eliminación de la obligatoriedad de dejar dos metros de distancia entre los puestos de trabajo. Así que ya estamos en condiciones de hacer una vuelta a la presencialidad completa en todos los edificios".
Además, Castellani le dijo a Télam: “Después de dos años de haber tenido que recurrir a modalidades del trabajo remoto, va a ser necesario evaluar en paritarias con los representantes de los trabajadores las posibilidades y las nuevas modalidades de trabajo. Nosotros ya tenemos propuestas. Sabemos que los sindicatos también tienen las suyas, y en la paritaria que se inicia en el mes de mayo seguramente estaremos trabajando alguna de estas cuestiones para ver cuál es el futuro del trabajo en la administración pública".
En tanto, en la resolución hay una serie de personas que no están obligadas a volver a la presencialidad en las oficinas de la administración pública. Como por ejemplo, aquellos que acrediten que forman parte de los denominados “grupos de riesgo”.
Por ellos, Castellani explicó: "Sólo seguirán trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud de situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial”.
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También dijo, en cuanto a los cuidados que deberán mantener los trabajadores durante su vuelta a la presencialidad: "Aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19 que no hayan requerido internación podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta según los criterios establecidos por el Ministerio de Salud".
En cada una de las diversas dependencias de la administración pública, las áreas de Recursos Humanos deberán exigir los certificados de vacunación de todos los empleados. Si alguno no recibió ninguna vacuna, tendrán que mantenerse en comunicación con el Departamento de Sanidad de cada oficina para conocer las ventajas de ser inoculado contra el coronavirus.
En ese punto, en la Resolución se explica: "De continuar con la decisión de no vacunarse, deberán cumplir con sus prestaciones en la modalidad de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto Nº 260/20 y sus modificatorios, y firmar un consentimiento informado, con carácter de Declaración Jurada, expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación, que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten, y que se comprometen a tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran". De no cumplir con las medidas sanitarias, se podrá sancionar a los empleados.