La historia de Santiago Coraita conmovió y generó un gran revuelo dentro y fuera de las redes sociales. El alumno de 16 años de un colegio privado de Salta, fue hostigado por las autoridades del establecimiento por llevar una pulsera con la bandera de la comunidad LGBT.
Al verlo, los directores de la institución lo acusaron de violar los valores del colegio y de incitar a la provocación a través de su actitud. El joven fue expulsado, junto a cuatro compañeros que salieron a defenderlo, del colegio católico Santa María de Salta capital.
El colegio escenario de los nefastos hechos es el Santa María.
A raíz de esta problemática el gobierno provincial le aplicó una multa de $100 mil a la escuela y le ordenó implementar desde 2019 un programa de capacitación en derechos humanos. A través de la resolución 10202, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta señaló que el colegio incurrió "en un acto de discriminación" en perjuicio de Santiago Coraita.
Sin embargo, las autoridades de la institución rechazaron la resolución ministerial por "ilegítima e ilegal". Así lo informaron a través de un comunicado, en el que consideraron que la resolución fue dictada "en el marco de un proceso administrativo ilegítimo e ilegal, donde han violentado nuestras garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal".
La semana pasada, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ordenó al Ministerio de Educación salteño que interviniera en este caso. Santiago sufrió hostigamiento por ser gay de parte de autoridades del colegio Santa María, que además sancionaron y decidieron no renovarles la matrícula 2019 a cuatro estudiantes que le habían dado su respaldo.
Por una pulsera, el colegio decidió expulsarlo.
En la resolución firmada por la ministra Analía Berruezo, se emplaza al colegio para que en 5 días disponga las medidas para garantizar la rematriculación de los alumnos excluidos para el año que viene o, a opción de sus representantes legales, conceder el pase a otra institución.
Finalmente, se le aplica una multa de diez veces el arancel o cuota abonado por alumno, que deberá hacerse efectiva en diez días hábiles a partir de la notificación. "Desde el colegio Santa María hemos colaborado en todo lo requerido en este proceso, y por ello continuaremos por la vía administrativa y/o judicial que correspondan, evitando aquellas discusiones que no contribuyen al entendimiento, el diálogo y la paz", concluye el comunicado de la institución sancionada.