Un operativo descomunal
19 Marzo de 2025 08:31
El Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un impresionante despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso para contener la marcha de los jubilados convocada para este miércoles 19 de marzo. Más de 2.000 efectivos de diferentes fuerzas, el retiro de 350 contenedores de basura y un perímetro completamente vallado conforman el escudo que busca impedir el avance de la movilización hacia la Plaza del Congreso. Mientras tanto, los jubilados, que perciben haberes indignos, continúan siendo el rostro más crudo de una crisis económica sin freno.
Desde las 9 de la mañana, el tránsito estará interrumpido en una extensa zona delimitada por las calles Paraná, Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Adolfo Alsina. A ello se suma el retiro de 350 contenedores de basura en un área aún más amplia, con un costo logístico que asciende a $66 millones. Un gasto millonario para garantizar que los manifestantes no puedan acercarse a la sede legislativa, a la vez que el Gobierno argumenta que no hay recursos para mejorar los ingresos de los jubilados.
En el operativo participarán 900 efectivos de la Policía de la Ciudad, 720 de la Policía Federal y 400 de Gendarmería y Prefectura, sumando más de 2.000 uniformados. Esta cifra duplica la cantidad de efectivos desplegados en la protesta de la semana anterior, que terminó en un violento enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El cerco represivo no deja dudas sobre la voluntad del Gobierno de Javier Milei de criminalizar la protesta social, en un contexto donde los jubilados son quienes más sufren el ajuste.
En Argentina, más de 7,2 millones de personas perciben una jubilación o pensión. De ellas, casi dos millones cobran la mínima, que se encuentra en $285.820. A este monto solo algunos pueden sumarle un bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, lo que lleva el ingreso máximo para estos beneficiarios a $355.820. Aun con este refuerzo, la jubilación mínima no cubre ni un tercio de la canasta básica de los jubilados, estimada en $1.200.523 por la Defensoría de la Tercera Edad.
Los números son alarmantes: casi 5,4 millones de jubilados perciben menos de $400.000 mensuales, mientras que el 60% del total accedió al beneficio a través de moratorias previsionales. Estas moratorias, que permitieron a millones de personas jubilarse pese a no haber completado los 30 años de aportes requeridos, están a punto de desaparecer. El 23 de marzo vence el último plan de pagos habilitado durante el gobierno de Alberto Fernández y el Ejecutivo de Milei ya dejó claro que no tiene intención de prorrogarlo.
En su lugar, propone la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, profundizando la precarización de los ingresos de los adultos mayores. El operativo desplegado en el Congreso no solo pone en evidencia la postura del Gobierno frente a la protesta social, sino que refleja una escala de prioridades preocupante. Mientras se destinan millones de pesos a blindar la ciudad y contener manifestaciones, los jubilados enfrentan una realidad de hambre, falta de acceso a medicamentos y condiciones de vida indignas.
El discurso oficial insiste en que las protestas tienen un trasfondo desestabilizador, comparando la actual crisis con la del 2001. Sin embargo, la verdadera inestabilidad proviene de una política de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables. Las calles alrededor del Congreso estarán cerradas, las fuerzas de seguridad desplegadas en masa y la protesta de los jubilados limitada por un vallado que les impide llegar a su destino. Pero la indignación no se contiene con rejas ni con uniformados. La realidad es una sola: mientras el Gobierno protege sus instituciones con un operativo faraónico, desprotege a quienes dieron su vida trabajando y hoy no pueden cubrir ni sus necesidades más básicas.
