Con 171 votos positivos contra 1 negativo, Diputados aprobó durante la madrugada, y giró al Senado, el proyecto que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", luego de que el Gobierno decidiera incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias.
El Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres fue bautizado como Micaela García, en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.
La joven de 21 años, oriunda de Concepción del Uruguay y residente de Gualeguay, era militante política por el JP Evita de su ciudad, participante activa del movimiento #NiUnaMenos y estudiante de Educación Física.
El 1 de abril de 2017 fue vista por última vez a la salida de una fiesta del boliche King de la localidad entrerriana. Su cuerpo fue hallado en una estancia de esa localidad. La autopsia determinó que la muerte se produjo por estrangulamiento y que, además, había sido violada.
Micaela García.
La Justicia dictaminó que la joven fue raptada por Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que estaba preso acusado de violar a dos mujeres, pero tenía el beneficio de salidas transitorias otorgadas por el juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi. Wagner fue condenado a prisión perpetua.
Los principales puntos de la "Ley Micaela"
Todas aquellas personas que trabajen en la función pública, en cualquiera de los tres poderes y cualquiera sea su jerarquía, serán obligatoriamente capacitadas "en la temática de género y violencia contra las mujeres".
Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres, hoy a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
En cada uno de los organismo estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por las convenciones vinculada a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país.
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
Mediante la página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado. También realizará informes de seguimiento sobre su impacto.
Será considerada como "falta grave" pasible de una sanción disciplinaria que algún empleado público se negase, sin causa justa, a participar de las capacitaciones.