Casi siete meses después de ser lanzado por la ex presidenta Cristina Fernández, el Ministerio de Salud decidió suspender la entrega de los kits del Plan Qunita aduciendo “razones de seguridad”.
El texto que avala la suspensión de la entrega de los kits.
La decisión se basa en un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la seguridad de los dispositivos que ofrece el programa, en particular las cunas y bolsas de dormir.
El INTI cuestiona la seguridad de cunas y bolsas de dormir, fundamentalmente.
Así se lo confirmó a La Nación el ministerio de Salud bonaerense, que adelantó que acatará la decisión nacional.
“Nación le envió un informe a la ministra con motivo de que se decidió suspender el programa”, revelaron desde la cartera, aunque no hubo alusión a la causa que investiga en la Justicia el programa maternal.
La Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud y la Secretaría de Promoción de Programas Sanitarios y Salud Comunitaria solicitaron formalmente a la ministra bonaerense que “por motivos de precaución” tengan a bien cesar la entrega de las cunas y las bolsas de dormir que integran el kit.
El INTI analizó una cuna de las que proveyó cada empresa adjudicataria. Las normas utilizadas para realizar el control son las europeas UNE-EN 1130-1 y 2.
El estudio se dividió en varias partes: la referida a la construcción de la cuna y la relacionada con la resistencia de la estructura, aunque también se analizó el embalaje. El ensayo plantea 15 ítems en los que se deben alcanzar los parámetros establecidos por las normas europeas.
Las cunas de las empresas Delta, Diela, Fibromad, Dromotech y Fasano obtuvieron nueve calificaciones de "no conforme" y seis de "conforme" por parte de los técnicos, en tanto la de la firma Narciso, diez y cinco, respectivamente.
Los técnicos del INTI aprobaron en todos los casos las condiciones de resistencia de la estructura de las cunas, que respondieron bien cuando se probó la estabilidad, la carga vertical, la flexión sobre los barrotes y la carga sobre la base.
Sin embargo todas recibieron un "no conforme" porque presentan bordes afilados y aristas peligrosas; por ejemplo la norma establece que -por seguridad- la distancia entre los barrotes de la cuna deben tener entre 45 y 65 mm; de las seis analizadas, solamente la de la empresa Fibromad tuvo como calificación "conforme" en este rubro; las otras cinco recibieron un "no conforme", porque la distancia entre barrotes y la combinación con la flexión del material de los laterales era mayor a los 65 mm.
En todas las cunas estudiadas se halló una deficiencia en las cintas que sujetan los extremos de la estructura. Los técnicos determinaron que las mismas pueden desprenderse con una carga menor a los 9 kg., la carga mínima que deben soportar esas uniones.
Ninguna de las cunas aprobó las normas de embalaje con instrucciones para advertir los peligros de asfixia y en todos los casos faltaron las instrucciones de uso.
El informe del INTI fue firmado por Alfredo Ladrón González, director del área INTI-Madera y Muebles. Allí se explica que las cunas, que son para encastrar y están hechas de un material conocido como fibrofácil, sirven para acostar a los niños hasta que puedan permanecer sentados, arrodillados o levantarse por sí solos.
Cómo nació
Vale recordar que el Plan Qunita nació a medidos del año pasado, envuelto en sospechas. De hecho, la legisladora porteña de ECO, Graciela Ocaña, denunció penalmente la millonaria licitación a partir de un artículo del sitio Eliminando Variables.
Los kits maternales fueron fabricados en su mayor parte por una inmobiliaria, Fasano SRL. De los 140.000 kits, esa empresa se benefició con la adjudicación de 115.000, que el Estado nacional pagó $7.850 cada uno.
El resto se lo dividieron las sociedades Delta, Diela, Fibromad, Dromotech y Narciso. La primera compañía mencionada se quedó con un contrato de 903 millones de pesos, en tanto el resto fue repartido entre las otras cinco sociedades.
En definitiva, se trató de un negocio de casi mil millones de pesos con el Estado, que hoy está siendo investigado por el juez federal Claudio Bonadio, quien ya el año pasado citó al entonces ministro de Salud, Daniel Gollán, al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.