03 Enero de 2019 08:20
Mediante un proyecto que será tratado por el Congreso, el Gobierno impulsa una fuerza de 10 mil reservistas, en su mayoría civiles, que recibirán entrenamiento y estarán a disposición de las Fuerzas Armadas para actuar en conflictos bélicos. Recibirán una remuneración y un entrenamiento anual que se extenderá entre 15 y 29 días al año.
El proyecto es elaborado por el Ministerio de Defensa que comanda Oscar Aguad, e implicará la creación de una nueva fuerza en la órbita de las Fuerzas Armadas que tendrá 10.000 reservistas, que serán convocados dos veces al año para recibir un entrenamiento y ser convocados ante eventuales conflictos bélicos que pueda tener la Argentina.
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Defensa que comanda Oscar Aguad.
En caso de que la ley sea aprobada, la cartera de Defensa deberá hacer una convocatoria pública para cubrir los 10 mil puestos, que serán cubiertos por civiles que recibirán una capacitación similar a la que reciben los soldados, con la que diferencia de que una vez finalizado el entrenamiento podrán retomar sus actividades de la “vida civil”.
De todos modos, aseguran que los planes de estudios no serán similares a lo que hoy reciben quienes realizan el servicio militar, que durante el Gobierno de Carlos Menem dejó de ser obligatorio tras el asesinato del conscripto Carrasco, en 1994. Según Clarín, la idea era sumar profesionales jóvenes que puedan ser capacitados con nuevas tecnologías para la prevención de ciberdelitos.
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Los reservistas realizarán un entrenamiento de entre 15 y 29 días al año y aunque aún no está definido el monto, cobrarán una remuneración cada vez que sean convocados al entrenamiento y capacitación. Como serán civiles, quienes se anoten y tengan un trabajo formal en relación de dependencia no podrán ser despedidos.
El proyecto será debatido en el Congreso de la Nación.
La iniciativa surge meses después de que el presidente Mauricio Macri anunciara que se encararía una reforma al interior de las Fuerzas Armadas, muy cuestionadas por su rol durante la última dictadura cívico-militar. Entre las modificaciones que había impulsado Macri, se destacaba la posibilidad de que puedan intervenir en la seguridad interior, lo que fue prohibido en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner.
