05 Abril de 2023 13:29
El Gobierno suspenderá la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres y ya comenzó a trabajar en distintas alternativas por decisión del presiente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
Antes de la sanción de esta norma, el plazo mínimo para el contrato de alquiler de una vivienda particular entre un propietario y un inquilino era de 2 años. Con la implementación de la ley, el plazo pasó a ser 3, los contratos debían ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) y señala que “solo pueden realizarse ajustes anuales”, es decir que no se pueden realizar aumentos trimestrales ni semestrales con la excusa de la "inflación".
Cabe resaltar que antes de esta ley, no estaba establecida la manera de actualizar el monto del alquiler. Ahora rige “un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”, que es un índice salarial. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica todos los días dicha fórmula, llamada Índice de Contratos de Locación.La decisión de suspender la aplicación de la ley habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar "el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida". "Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley", sostuvo García Malbrán.
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El titular de Camesi consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes". El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres "debe cambiar, pero no de cualquier manera". Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres "debe cambiar, pero no de cualquier manera".
"Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades", señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso "necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad", ya que implicaría que el Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo. "Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción", explicaron.
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Por eso, solicitó que se traduzca "no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos" en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras. "La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad", completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que "la ley de alquileres - sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional". Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que "los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados".
Según un borrador interno que circula en el Gobierno y que llegó a manos de fuentes del sector inmobiliario, el Ministerio de Economía prevé suspender la actual Ley de Alquileres y poner en vigencia el esquema que regía antes por 180 días. A la par, se le pedirá al Congreso que elabore una nueva ley. Además, el equipo de especialistas que trabaja en la cuestión estudia beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de unidades.
Se suspenderá el pago del Impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y también el pago del impuesto a las Ganancias sobre los nuevos contratos. De acuerdo con el portal inmobiliario, Zonaprop, los precios de alquiler aumentaron un 8,3% en el mes de marzo. De hecho, en CABA, un monoambiente ronda los $96.578 por mes y un departamento de dos ambientes o mayor a los 70 m2 se alquila entre los 100.000 156.078 pesos por mes.
