El juez federal Claudio Bonadío concedió la excarcelación a los empresarios involucrados en el escándalo de corrupción de la FIFA, Hugo y Mariano Jinkis, dueños de la empresa Full Play. Los hombres en la mira de la justicia de Estados Unidos estaban detenidos en sus domicilios por el pedido de extradición hecho por la justicia norteamericana.
Los empresarios en la mira de Estados Unidos rechazaron el pedido de extradición.
Según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio les otorgó a Hugo y Mariano Jinkis el beneficio de la libertad bajo la condición de no alejarse más de 60 kilómetros de la sede del juzgado y no ausentarse por más de 24 horas de su domicilio sin dar aviso al tribunal.
Además, el magistrado les mantuvo las condiciones que les había impuesto al concederles el arresto domiciliario. Todos los viernes, los acusados deberán presentarse en las oficinas de Bonadio, tal como lo hicieron hasta ahora. La medida busca evitar una posible fuga.
Hugo Jinkis, dueño de Full Play, cumple prisión domiciliaria en San Isidro
Ayer, el Juez suspendió el proceso de extradición, de acuerdo al artículo 31 de la Ley 24.747 de "Cooperación Internacional en Materia Penal", el cual habilita al magistrado a pedir a Estados Unidos que sea más específico respecto de la acusación de las personas a extraditar.
El juez le otorgó 30 días de plazo a la Justicia de Estados Unidos para que aclare qué acto concreto realizó cada uno de los Jinkis para que sus actividades fueran calificadas con los delitos de extorsión, fraude y lavado de activos.
Los Jinkis están involucrados en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años
El pedido de extradición llegado desde los Estados Unidos se fundamenta en que los "los delitos investigados y que se pretenden juzgar incluyen los delitos de extorsión, fraude electrónico y lavado de activos”.
Durante la investigación las autoridades estadounidenses obtuvieron evidencias de que Jinkis, ejecutivo de marketing deportivo, fue parte de una asociación ilícita con el objeto de pagar sobornos -que efectivamente se pagaron- y del pago de retornos a funcionarios de la FIFA con el propósito de obtener el derecho comercial de competencias de fútbol.