12 Julio de 2016 17:39
Dos cajas de seguridad bancarias de Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, quedaron a disposición de la justicia en el marco de la causa Hotesur, que investiga irregularidades en los emprendimientos hoteleros de la familia de la ex primera mandataria.
Dos cajas de la hija de la ex presidenta en el Banco Galicia fueron fajadas por orden de Ercolini.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Julián Ercolini ordenó "resguardar" esas cajas que están en la casa matriz del Banco Galicia, en pleno microcentro porteño, las cuales habían sido abiertas en marzo pasado.
El juez federal Julián Ercolini ordenó el procedimiento.
Además, dispuso que se informe la cantidad de accesos que hubo a esos cofres desde entonces, dijeron los voceros.
Según se indicó, el juzgado ordenó "fajar" las cajas para que no puedan ser abiertas, en un operativo que fue encomendado a la Gendarmería.
Las cajas están en la casa matriz del Banco Galicia, en pleno microcentro porteño.
Vale recordar que la semana pasada el juez también había dispuesto diligencias en bancos de Santa Cruz para encontrar cajas de seguridad, pero dieron resultados negativos.
Esos procedimientos se dispusieron en el marco de la presentación que hizo Margarita Stolbizer, la diputada nacional del GEN, en la causa Hotesur, para denunciar "extraños movimientos" bancarios de la familia Kirchner.
Los procedimientos se dispusieron en el marco de la presentación de Stolbizer.
La presentación también daba cuenta sobre "las cuentas bancarias de Florencia Kirchner", accionista minoritaria de la familia y quien hasta la muerte de su padre no tenía actividad tributaria.
De acuerdo a la presentación de Stolbizer, esas cuentas "reflejan cifras millonarias en dólares", una de ellas por casi 15 millones de pesos, mientras que se detectó una caja de seguridad con casi 66 millones de pesos.
Al día siguiente de esa denuncia, Cristina Fernández hizo su descargo ante Pollicita, acusó penalmente a Stolbizer y el juez Claudio Bonadio por tráfico de información e impulsó una demanda civil contra la legisladora que ahora tiene fecha de mediación.
