El caso de la niña de once años violada a la cual se le practicó una cesárea en Tucumán -pese a que había solicitado una interrupción legal del embarazo- sumó un nuevo capítulo cuando el obstetra que tuvo que hacer la intervención sin el apoyo de los profesionales del hospital en donde se desempeña, José Gigena, relató que se le abrió una investigación penal por su accionar y hasta se podrían allanar su oficina y su domicilio en búsqueda de información.
El obstetra que practicó la cesárea denunció presiones.
"Nos dijeron que iban a hacer una especie de allanamiento para buscar información del hospital", dijo ayer en declaraciones a Radio Con Vos. "Nos enteramos que el fiscal subrogante López Ávila había determinado que se practique autopsia en el cuerpo del bebé. Supongo que será para tratar de determinar la causa de muerte, será algo protocolar", dijo. Y agregó: "Está mal judicializado este tema. Es como seguir con la tortura para la niña".
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El gobernador de Tucumán salió a hablar del caso para intentar despegarse.
"Hice lo que debía hacer. No tengo miedos respecto a esta situación. Me da bronca lo que pasa. Quieren intimidar a la comunidad médica para que esto no se vuelva a hacer", sumó.
La bebé falleció el pasado viernes luego de haber nacido el 27 de febrero. La niña de once años junto a su madre habían pedido a la Justicia una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, desde 1921, se contempla en el artículo 86 del Código Penal de la Argentina para casos de violación o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante.
"La Dirección Médica del Hospital Eva Perón hace saber que ha fallecido hoy a las 15.30, la paciente de sexo femenino nacida el pasado 26 de febrero de 2019, con 25 semanas de gestación y 660 gramos de peso", según publicó el portal La Gaceta en base a información de las autoridades.