Pasaron más de 15 años desde que se inició la investigación por las denuncias de abuso sexual de menores hacia el padre Julio César Grassi hasta que finalmente ayer la Corte Suprema confirmó la condena a prisión efectiva. En diálogo con BigBang, el primer fiscal que lo investigó sostuvo que “es una gran tranquilidad” el pronunciamiento del máximo tribunal de Justicia.
Adrián Flores es el primer fiscal que investigó a Grassi por los delitos de abuso sexual de menores por los que fue condenado en múltiples ocasiones el titular de la fundación Felices los Niños, ubicada en Hurlingham. “Yo fui el primero que lo investigó, el primero que juntó la prueba y el que solicitó su detención”, recuerda Flores.
La confirmación de la Corte Suprema le puso fin a más de 15 años de causas judiciales.
Pero la causa tendría múltiples aristas y desde el inicio de la instrucción que tuvo a su cargo como fiscal de Morón hasta que la condena se concretara de manera efectiva pasaría más de una década. Antes del fallo de la Corte, confirmaron que Grassi había abusado de menores el Tribunal Oral, luego la Cámara de Casación y posteriormente la Corte Suprema Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Flores fue apartado de la causa en 2002, acusado por la misteriosa defensa del abusador sexual de haber alterado el testimonio de una testigo, Amalia Castro, panadera de la fundación Felices los Niños, quien había declarado que un menor que viajó con el sacerdote a El Calafate le relató haber sufrido un abuso por parte del sacerdote.
El padre Grassi fue condenado por abuso sexual de menores en 2009.
Grassi fue condenado por el abuso del menor conocido como “Gabriel”, cuyo testimonio intentó deslegitimarse en cientos de ocasiones. “El relato es convincente, pero las pericias lo corroboraron. Gabriel decía la verdad. Ese fue el primer hecho que se imputó y que en definitiva aportó los elementos que lo condenaron a Grassi”, aseguró Flores a BigBang.
Para el fiscal es importante que la Corte Suprema mantenga la condena de la primera instancia, a 15 años de prisión efectiva, que determinó el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón, en 2009. Sin embargo, Grassi permanecería en libertad hasta 2013, porque gozaba del benefici de la “libertad vigilada”.
La Corte Suprema de Justicia confirmó ayer el fallo a 15 años de prisión por abuso sexual.
Para Flores, aquel beneficio, que era una “alternativa a la prisión”, fue un sinsentido: según el fiscal, en aquel entonces ya había pruebas en el expediente que eran muy concretas. “Había hechos probados” y una “presunta responsabilidad” del entonces titular de la Fundación Felices los Niños.
“El riesgo procesal era patente, Grassi y sus abogados hicieron peligrar la investigación”, analiza Flores. El fiscal no lo duda: “Se compraron testigos y ocultaron pruebas. A mí me inventaron denuncias falsas”. Pero además, recuerda que a lo largo de la investigación hubo muchas presiones.
Grassi era un hombre poderoso, con demasiada influencia en sectores de poder. No son pocos los que lo recuerdan en los años noventa recorriendo estudios de TV para recaudar fondos para su fundación. De hecho, el padre pedófilo tiene otra condena sobre sus espaldas, del año pasado, por malversación de caudales. Es que pagó una vivienda que habitaba en Hurlingham con fondos de la fundación que administraba.
El año pasado Grassi fue condenado el año pasado por malversación de caudales de la fundación.
Pero además, la defensa del cura era ejercida por tres estudios de abogados muy poderosos. “Nunca se supo bien quiénes lo pagaron, tenía muchos recursos, era un hombre muy poderoso, por eso se demoró tanto”, suma Flores.
Además relata que las presiones fueron tan importantes que hasta una de las víctimas fue “obligada” a retractarse ante un juez de menores. “Hubo dos jueces con pedido de juicio político, a otro magistrado lo apartaron injustamente de su cargo y años después lo volvieron a poner en funciones porque se demostró que no había tenido responsabilidad”, señala el fiscal de Morón.
- ¿Qué papel jugó la Iglesia?
- La Iglesia está en deuda con toda la sociedad por Grassi. En 2001 o 2002 yo tuve que exigirle al Obispado que me entregara una documentación y un legajo personal, no había buena voluntad. Con los hechos ya probados, la Iglesia se manejó muy tibiamente. No se condice la actividad de la Iglesia con las políticas del Papa Francisco, que habla de tolerancia cero con los abusadores.