18 Febrero de 2016 20:53
“Les damos cinco minutos para que se vayan, o los sacamos”. La frase de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, define mejor que nada la metodología que el Gobierno nacional piensa aplicar a partir de ahora ante los “piquetes”.
La frase de Bullrich despertó polémica.
Y, como era de esperar, despertó un aluvión de críticas por parte de dirigentes políticos y organizaciones sociales, que expresaron su fuerte rechazo al nuevo protocolo para desalojar manifestaciones, al que calificaron de “inconstitucional” y de querer “criminalizar” la protesta social.
El Gobierno nacional no quiere más palos ni encapuchados.
La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, aseguró que “un gobierno que hace gala de ser tolerante y dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía”, y agregó que “de esta forma pone en riesgo la paz social”.
Donda expresó que “de esta forma se pone en riesgo la paz social”.
Por su parte, Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, del Partido Unión Popular, coincidieron en señalar que “este protocolo amplía peligrosamente las facultades policiales para reprimir, no prohíbe el uso de armas de fuego ni establece la obligación de usar uniforme para los efectivos. Es una decisión que se inscribe en la línea de criminalización de la protesta”.
Tampoco faltó la palabra de los referentes del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Mientras la primera sostuvo que “es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo", el ex candidato presidencial afirmó que “esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto antipiquetes, y que no pudo imponer por la propia resistencia de los trabajadores".
Del Caño y Bregman, las voces del Frente de Izquierda.
Alejandro Bodart, del MST, expresó que “es un engendro represivo inconstitucional del gobierno macrista para imponer su ajuste contra el pueblo” y Gabiel Solano, del Partido Obrero, lo calificó como un “cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social”.
Bodart, del MST, otra de las voces críticas.
El que también dio su opinión al respecto fue el legislador porteño por ECO, Roy Cortina, quien dijo que "esta propuesta oficial sólo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos”.
Roy Cortina afirmó que esta propuesta “sólo amplía la grieta entre los argentinos”.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) expresó que “el protocolo de Seguridad limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta y amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social”.
En definitiva, voces de distintos espacios políticos, pero todas coincidentes en un mismo sentido: el disconformismo y un fuerte cuestionamiento al protocolo del Gobierno en materia de piquetes. La polémica recién comienza.
En qué consiste
La base del protocolo está explicada en un anexo de cinco puntos en los que se especifica cómo deberá actuar la Policía o la fuerza de seguridad que intervenga en cada caso. El texto diferencia entre las manifestaciones programadas y las espontáneas, y prevé un plan de actuación para cada una.
Cuando la manifestación sea organizada, los funcionarios del área de seguridad se contactarán con los organizadores “para establecer un recorrido, tiempo de duración y realización y estimación de participantes” para que se avise a la Justicia y se informe a la población.
Para los cortes “espontáneos”, las fuerzas de seguridad deberán dar aviso a los manifestantes para liberar el lugar y al mismo tiempo se avisará a la Justicia. Si quienes cortan el paso se niegan a liberar la circulación, "se abre un brevísimo momento de avisarles que por favor liberen la calle e inmediatamente, si no lo hacen, comienza un procedimiento de liberación por uso de la fuerza pública".
