21 Diciembre de 2022 14:59
El miércoles, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto que la oponía al Gobierno nacional por el recorte de la coparticipación. Esta resolución significa un duro revés para la Casa Rosada: deberá pagar a la administración de Horacio Rodríguez Larreta el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.
El Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por Mauricio Macri que, por entonces era presidente, en el que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía de coparticipación la Ciudad de Buenos Aires. “La Ciudad, cuando el Gobierno nacional de ese entonces le traspasó a la Policía Federal, consiguió 2 puntos más de coparticipación. Pero, para cubrir los gastos de ese traspaso hacía falta 1 punto de esa coparticipación. Había entonces más de 1 punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal”, se justificó entonces el jefe de Estado.
La discusión sobre el nivel que recibe la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, viene desde hace varios años: comenzó en 2020 con la quita de un punto de la coparticipación nacional por el traspaso de las funciones de seguridad gracias al decreto 375 de septiembre y este es uno de los puntos que las provincias suelen reclamar, al igual que los subsidios al transporte colectivo. Por su parte, Alberto Fernández sostuvo que la medida apuntaba a “reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los '80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación”.
Por esta quita, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida de recursos sufrida desde entonces. Al respecto, el ex presidente se pronunció a favor de la resolución que beneficia al territorio de Rodríguez Larreta: “El fin del populismo está cada vez más cerca”.
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En un mensaje de su cuenta oficial de Twitter, Macri festejó: “Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores”. De la misma manera, el jefe de Gobierno porteño compartió que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es "una gran noticia para todos los argentinos", "una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta". "Tengo esperanzas, otra Argentina es posible”, finalizó.El fallo completo de la Corte Suprema
La Corte Suprema resolvió que "la ley 27.606 genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la Ciudad", lo cual, además de un perjuicio financiero, es "una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma". Como consecuencia de ellos, la norma "resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".En simultáneo, entiende que la ley "violenta los términos del acuerdo de transferencia de competencias" y cuestiona sobre la falta de consenso, algo que se replica como uno de los ejes que quita validez al accionar de Nación. Por esto, resuelve "la actuación del Estado Nacional es una transgresión a la Constitución Nacional" en los artículos referidos a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (122, 123 y 129), el carácter bilateral de las transferencias de competencias y recursos (artículo 75, inciso 2°, párrafo 5 (c) y la garantía federal sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma (artículo 5°).
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Entre sus argumentos para ir con la Corte Suprema, el Gobierno porteño sostuvo que el decreto 735/2020 implicó "la necesidad de reformular su presupuesto para el ejercicio 2021 a fin de incorporar una reducción de gastos por 32.193.000.000 pesos y un incremento de recursos por 19.600.000.000 pesos" y que la ley 27.606 implicó "una pérdida adicional por la suma de 13.290.048.744 pesos".Según denuncia el Gobierno de Rodríguez Larreta, todo esta quita derivó en la suspensión y ralentización de obras públicas -como subterráneos, traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos-, entre otros gastos.
