05 Mayo de 2016 20:56
El arribo de Uber en la Ciudad de Buenos Aires provocó todo tipo de inconvenientes, desde judiciales hasta hechos violentos. Desde su llegada, el país se vio envuelto en polémicas y diversas marchas y manifestaciones de taxistas en protesta por la "competencia desleal" de la aplicación, lo que hizo que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta la prohibiera por “no adaptarse a la ley de taxis”.
Ahora, la Justicia Porteña confirmó la orden de clausura preventiva dispuesta días atrás por la jueza Claudia Alvaro sobre la web de Uber Argentina y las plataformas digitales y aplicaciones. En la resolución se resalta que dicha orden está limitada al territorio porteño hasta tanto la empresa se adecúe a la normativa de la Ciudad, según consignaron fuentes judiciales.
El paso a paso de Uber
Comenzó a operar en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de abril. Ese mismo día, los taxistas porteños cortaron varios puntos de la Ciudad. El principal de ellos fue la Avenida Callao en la intersección con Santa Fe.
El 13 de abril, el gobierno porteño secuestró el primer auto por incumplimiento de las normas. El chofer no tenía licencia profesional y la pasajera reconoció que era un Uber. Se le fue hecha una multa de $ 70.000.
El viernes 15 de abril fue la primer manifestación importante de "tacheros". Los taxistas porteños, nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), realizaron 25 cortes de calle simultáneos a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, Uber ofreció viajes gratis hasta el 20 de abril y fueron allanadas dos de sus oficinas de la en Buenos Aires.
El 18 de abril la Fiscalía de la Ciudad había ordenado a Enacomal, el ente Nacional de Telecomunicaciones, que bloquee las plataformas digitales del servicio de transportes a través de las cuales se accede a los servicios de Uber. Este bloqueo había sido ordenado en el marco de la investigación que inició de oficio por uso indebido del espacio público.
El 20 de abril los taxistas reclamaron frente a la jefatura porteña que se siga con los controles, que haga cumplir la ley, de la misma forma que lo hacen con los taxistas.
El 22 de abril la jueza de la ciudad Claudia Álvaro rechazó el pedido de nulidad, declarando abstracto lo solicitado por Uber para dejar sin efecto la orden de bloqueo de la página web y de la aplicación para celulares emitida por el fiscal Lapadu.
Uber y taxis, una guerra sin cuartel.
Durante la jornada de hoy, la justicia porteña confirmó la orden de clausura preventiva dispuesta por la jueza Alvaro. En la resolución firmada por los camaristas Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, se analizaron los argumentos expuestos por la defensa del CEO de la empresa Uber en el recurso de apelación interpuesto.
"Uber debe cumplir con el conjunto de reglas constitucionales, legales y reglamentarias citadinas que se refieran a la actividad comercial que realiza, sin perjuicio de la observancia de la normativa que además le corresponda ante la Nación u otras provincias”, afirmó la sentencia.
Los taxistas protestaron varias veces contra la empresa.
Los magistrados también señalaron en los fundamentos que "este tipo de medidas -clausura de página web- ha sido confirmada por el Máximo Tribunal local", por lo que existe jurisprudencia al respecto.
Además, subrayaron que "se ha constatado la existencia de determinados elementos que permiten acreditar la presencia de los extremos habilitantes para la viabilidad de la cautelar interpuestas, conforme surge de las copiosas constancias obrantes en el legajo".
"Los usuarios de la firma se encuentran desamparados por cuanto estarían contratando un servicio de pasajeros totalmente exento de los controles del estado con las eventuales consecuencias que ello podría acarrear. Se encuentran comprometidas las condiciones de seguridad y funcionamiento del servicio que se pretende explotar en la ciudad", destacaron los camaristas.
El director de operaciones de Uber, Mariano Otero. (Imagen: Infobae).
Por último, los integrantes de la Sala II descartaron el planteo de la apelación que cuestionó lo resuelto por la jueza de primera instancia por "carencia total de fundamentos". “No se advierte falta de fundamentación o motivación contradictoria en algún aspecto de su resolución que aconsejen aplicar la doctrina de la arbitrariedad como se postula", concluyeron.
Entre otras cosas, el Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta le exige a la empresa de "remises 2.0" que sus choferes tengan el registro correspondiente, la VTV (Verificación Técnica Vehicular) realizada, seguros para pasajeros y tributar impuestos. Algo que el virtual servicio de transporte no pretende negociar.
