04 Febrero de 2022 14:54
En medio de las marchas y contramarchas frente al Palacio de Tribunales, se decidió iniciar el año judicial 2022 con una serie de audiencias públicas para avanzar en la definición sobre la constitucionalidad de una serie de temas sensibles: el cultivo de cannabis medicinal y el derecho al olvido, un concepto relacionado con el habeas data y la protección de datos personales, la intimidad y la imagen y el derecho al honor.
La decisión tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti también abarca otros temas como la preservación de especies en peligro y los conflictos de los corredores inmobiliarios. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación reguló por Acordada 30/2007 la realización de audiencias de carácter público con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho. A través de ellas, busca garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción”, señalaron desde la Corte.
Mientras tanto, un minúsculo grupo de manifestantes marcharon ayer frente al Palacio de Tribunales en defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. La protesta impulsada por un grupo de profesores de Derecho y contó con la presencia de dirigentes opositores, luego de la multitudinaria protesta bautizada como el #1F que fue promovida por distintas organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial bajo la consigna "Basta de impunidad".
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Si bien los organizadores sostuvieron que no se trataba de una “contramarcha”, los presentes llevaron banderas argentinas, silbatos y carteles que rezaban "No al avance contra la Corte Suprema”. “Vengo porque estoy harta de que el Gobierno haga lo que se le cante con las instituciones”, comentó una de los manifestantes que llevaba consigo una pancarta que decía: “Mussolini fue a la horca, Chauchesco (sic) igual, ahora les toca a los Fernández”.
Otro de los presentes, mucho más tranquilo, manifestó: “Creo que es necesario fortalecer la República más allá de quien sea el que gobierne, porque si seguimos por este camino de agresiones no vamos a llegar a ninguna parte”. Bajo la consigna "La Corte no se toca", la cita se desarrolló en Lavalle 550, en Plaza Lavalle, y fue convocada por sectores civiles y políticos opositores como Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, Martín Tetaz y José Luis Espert.
La autoproclamada #3F surgió a partir de unos 120 profesores de Derecho a los que se le sumaron integrantes del Colegio de Abogados de la Ciudad, Acción Conjunta Republicana, Acción Conjunta Republicana Rural, Acción Conjunta Justicia, Será Justicia, Profesores Republicanos, Justa Causa y algunas agrupaciones de magistrados y de fiscales: "Justicia Independiente por una república democrática" o "Exigimos Justicia, basta de impunidad. Mafia o República", fueron alguno de los pedidos.
López Murphy dialogó con TN y afirmó: "Nosotros adherimos para manifestar nuestro apoyo al sistema institucional de gobierno, a la división de poderes, y a la república. No puede dejarse pasar el intento de coacción a la Corte". Además, sobre la marcha realizada el pasado martes, acotó: "Se vio una cantidad de insultos y descalificaciones, algo que no se ve en ningún país de América Latina".
El economista Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, tomó la palabra pasadas las 20, en medio de la desconcentración, y dijo: "Hay gente que disfruta haciendo negocios con la política y la pobreza. Arrearon gente, fue una vergüenza lo del otro día, el kirchnerismo intentando atropellar a la Justicia, una marcha de los chorros". A su lado, cánticos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El martes pasado se llevó a cabo la #1F, la cual promovida por distintas organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial bajo la consigna "Basta de impunidad". Entre quienes respaldaron la convocatoria estuvieron los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Seguridad, Aníbal Fernández; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Menna.
También adhirieron a la protesta la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el secretario general de la CGT, Pablo Moyano; y el diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky, entre otros, en repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, en reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.
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Los manifestantes se habían concentrado también en la Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano al 600, donde hablaba uno de los promotores de la manifestación, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla. "Yo me pregunto qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros de Buenos Aires. ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo carajo van a atender a la mujer golpeada?", recalcó Ramos Padilla.
Ramos Padilla, amigo personal del ex presidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires. El magistrado había convocado al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".
