13 Enero de 2016 03:19
La fuga de los presos de la cárcel de General Alvear mantuvo en vilo al país durante 15 días por el contexto de la misma y el trasfondo político que había detrás de ella. Las estadísticas no hacen más que reforzar la preocupación: según la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se escaparon 1.000 prófugos en los últimos diez años. Es decir, dos prófugos por semana.
La recaptura de los prófugos más famosos tuvo lugar en Santa Fe.
La única diferencia con los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci es que la gran mayoría no tiene la trascendencia y la difusión mediática que ocurrió con este último caso.
“No vamos a parar hasta que cada uno de ellos esté enfrentando los procesos judiciales que les corresponden o las condenas que ya han recibido -prometió Macri-
Vidal reveló números impactantes: se escapan, en promedio, dos reclusos por semana.
“No vamos a parar hasta que cada uno de ellos esté como corresponde, enfrentando los procesos judiciales que les corresponden o las condenas que ya han recibido”, prometió el presidente, Mauricio Macri, quien anunció ayer la creación de “un área específica” para investigar esos casos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Macri prometió perseguir a todos los reclusos prófugos.
Como era de prever, el caso de los prófugos puso sobre el tapete una situación que se arrastra de años y generó algunos cambios en materia de seguridad penitenciaria.
Por lo pronto, los gobiernos nacional y bonaerense firmaron un convenio que busca el traslado de los reos más peligrosos a prisiones federales del sur, con el objetivo de limitar el contacto con el exterior y reducir la posibilidad de potenciales huidas.
La seguridad es más que laxa y habría complicidades para los escapes.
El temor a eventuales nuevas escapadas y motines, como el que tuvo lugar la primera semana del año en una cárcel de Benito Juárez, hizo que los servicios penitenciarios federal y bonaerense suscribieran el acuerdo entre la gobernadora bonaerense y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Claro que, pese al alineamiento político, la decisión final de cada traslado correrá por cuenta del juez a cargo de cada causa. La primera tanda de pedidos de traslados incluye a varios integrantes de la banda de narcotraficantes rosarinos “Los Monos”.
El gobierno descabezó a la cúpula del servicio.
Puertas adentro de las cárceles, el efecto Lanatta también generó repercusiones. “Estamos con mucha bronca, por culpa de estos tres giles nos cortaron visitas y nos controlan hasta la respiración”, se quejó un preso que lleva más de seis años detenido en Florencio Varela. “Si esto sigue así la vamos a pudrir. Algunos ya empezaron con huelgas de hambre, pero la idea es juntarnos y armar algo más pesado”, agregó otro.
Las condiciones dentro de los penales son pésimas.
Durante el reciente motín de Benito Juárez, un interno denunció: “Nos van a matar a todos”. En tanto, otro mostraba su descontento al decir: “Pedí visitas y me las negaron, pedí traslado y me lo negaron, estoy harto”.
Hay fugas muy sospechosas.
En definitiva, voces que se multiplican en cada uno de los 54 penales de la provincia de Buenos Aires, donde hoy por hoy se encuentran alojados 34.126 reclusos.
Algunos penales reforzaron su seguridad: sumaron horas extras a los guardias.
“En algunos penales se reforzó la seguridad, en otros se les sumaron horas extras a los guardias y se convocó a personal que no estaba afectado”, confió una fuente del gobierno bonaerense, a partir de la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
Cámaras que no funcionan y falta de profesionalismo.
“Una fuga puede costar hasta 30 mil pesos o más”, afirmó un abogado penalista que pidió reservar su identidad. “La de estos tipos fue paga, no tengo ninguna duda, las mías no, eran a pulmón”, se jactó “La Garza” Sosa, protagonista de una de las más celebres fugas de cárceles argentinas.
La Garza Sosa, experto en fugas.
Él, junto a Martín Alejandro Espiasse Pugh y Luis Mario Vitette Sellanes, son algunos de los que hicieron historia con sus recordadas fugas, como ahora los Lanatta y Schillaci. Un arte que, a juzgar por las estadísticas reconocidas por el mismo Gobierno y, al margen de la posible complicidad del Servicio Penitenciario -el descabezamiento de su cúpula fue una de las medidas que tomó María Eugenia Vidal a partir de este caso- es mucho más común de lo que uno hubiera imaginado.
